Un repaso cronológico desde su captura en Fuerte Tiuna hasta el reciente cerco financiero con la deportación de Alex Saab perfila el complejo escenario judicial de la expareja presidencial en Nueva York
Por William Miquilena / CNP 9192
Internacionales
LA NUEVA ANTORCHA. — El proceso legal que enfrentan en territorio estadounidense el expresidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y su esposa, la abogada Cilia Flores, entra en una fase decisiva de cara a la nueva audiencia formal fijada por la justicia federal para el próximo martes 30 de junio de 2026. La cita, ratificada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por el juez federal Alvin Hellerstein, se estableció tras una solicitud conjunta presentada por el Ministerio Público y el bufete defensor de los acusados. Este lapso técnico busca permitir que el equipo legal, liderado por el jurista Barry Pollack, culmine la revisión del masivo expediente probatorio y consigne las mociones previas al juicio.
La secuencia de este inédito caso penal se remonta al pasado 3 de enero de 2026, fecha en la que fuerzas especiales de Estados Unidos ejecutaron la denominada «Operación Resolución Absoluta» sobre el complejo militar de Fuerte Tiuna en Caracas. Durante el despliegue, la expareja presidencial fue capturada y posteriormente trasladada bajo custodia de la Administración de Control de Drogas (DEA) hacia un helipuerto de Manhattan. Desde su arribo a la urbe estadounidense, ambos permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, enfrentando cargos de extrema gravedad como conspiración para el narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas de guerra, de los cuales se declararon «no culpables».
Durante el primer trimestre del año, el litigio avanzó en el terreno técnico y diplomático mientras los defensores de Maduro y Flores intentaban, sin éxito, desestimar los cargos iniciales apelando a principios de inmunidad presidencial que fueron denegados por el tribunal neoyorquino. Para mediados de marzo, el Departamento de Justicia de EE. UU. expandió de manera encubierta sus líneas de rastreo. Diversas fuentes fiscales en el estado de Florida confirmaron la apertura de una segunda indagatoria criminal paralela, liderada por el fiscal internacional Michael Berger y agencias de inteligencia financiera, orientada específicamente a documentar supuestos esquemas de lavado de dinero internacional relacionados con el entorno de la pareja.
La presión judicial sobre el caso se intensificó significativamente la semana pasada con un movimiento clave: la sorpresiva deportación y reclusión en Miami del empresario colombiano Alex Saab, considerado por los investigadores federales como el principal operador financiero y presunto testaferro de la gestión de Maduro. Los fiscales del Departamento de Justicia apuntan a que Saab posee información pormenorizada sobre las redes de movilización de capitales y subsidios alimentarios estatales de los últimos años. Con su detención formal en suelo estadounidense, el Ministerio Público busca robustecer las acusaciones financieras y de lavado de activos que podrían sumarse formalmente al expediente principal.
Frente a este adverso entramado institucional, la comparecencia del 30 de junio frente al juez Hellerstein representa un termómetro definitivo para determinar la solidez de las evidencias y definir la fecha de inicio del juicio oral. Sectores del activismo civil y familiares de detenidos políticos en Venezuela observan con atención el desarrollo de las sesiones en Nueva York, exigiendo de forma paralela la liberación de cientos de ciudadanos recluidos en cárceles venezolanas tras los sucesos de enero. El veredicto procesal de este mes no solo definirá el destino jurídico de Nicolás Maduro y Cilia Flores, sino que dictará las pautas del nuevo equilibrio geopolítico en la región.