Por Juan Velásquez
Opinión
LA NUEVA ANTORCHA.— El 28 de julio de 2024 marcó un hito en la historia política de Venezuela. Con una votación que superó los 7 millones de voluntades, Edmundo González fue elegido presidente de la República, obteniendo el reconocimiento de más de 30 países. Su victoria, respaldada por una diferencia de más de 4 millones de votos, representó un triunfo sin precedentes; nunca antes un candidato había logrado despertar tal nivel de confianza en un pueblo que, a pesar de la falta de garantías, se mantuvo unido y decidido. González, desde su humildad, logró capitalizar el afecto y el apoyo ciudadano gracias a un perfil conciliador y ajeno a las polarizaciones del pasado.
Actualmente, la nación atraviesa un estado de excepción inédito en su historia republicana. En este contexto, la transición es el paso indispensable para retomar la institucionalidad y recuperar el Estado de derecho. La legitimidad de origen, conferida por la soberanía popular, es el pilar de una decisión ciudadana que ha sido desconocida por la dictadura.
En el tablero internacional, la geopolítica y los intereses de Estados Unidos han intervenido bajo el argumento de enfrentar a un Estado señalado por actividades ilícitas. Se denuncia una operación en complicidad con figuras del gobierno que, hoy premiadas con cuotas de poder, fungen como supuestas «garantías» para la transición. En este escenario, la permanencia de Delcy Rodríguez en la vicepresidencia no parece azarosa, sino una estrategia para prolongar el actual esquema de mando.
La Constitución es clara respecto a los lapsos y la ausencia del presidente; el destino de una nación depende de lo que su propio pueblo permita. No hay tiempo que perder. La juramentación de Edmundo González no debe ser un acto simbólico, sino el ejercicio de una legitimidad de origen por vía de excepción.
Es imperativo que la ciudadanía exija la asunción del cargo y la convocatoria a una reforma constitucional con poderes plenipotenciarios, que ejerza supremacía sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE). Bajo una Asamblea Constituyente, los poderes constituidos no pueden obstaculizar las decisiones soberanas, lo que incluye la facultad de remover a los rectores actuales y designar nuevas autoridades mediante decreto, para posteriormente convocar a elecciones generales que reinstitucionalicen al país.