El Ejecutivo justifica la medida bajo alegatos de soberanía, mientras sectores del derecho internacional analizan el impacto del anuncio
Redacción LNA
Internacionales
LA NUEVA ANTORCHA. — El Gobierno venezolano formalizó su decisión de iniciar el procedimiento para retirarse del Estatuto de Roma y del Tribunal Penal Internacional (TPI). Según voceros oficiales, la permanencia en dicha instancia internacional ya no resulta viable al considerar que las actuaciones del organismo responden a criterios políticos que afectan la soberanía del Estado.
La decisión de salir del TPI requiere un proceso formal que toma un lapso legal para hacerse efectivo. Durante este periodo, los compromisos y las investigaciones que el tribunal mantenga en curso sobre la jurisdicción correspondiente siguen manteniendo validez jurídica internacional de acuerdo con la normativa del propio Estatuto.
Expertos en derecho de la integración y defensores de derechos humanos han manifestado su inquietud ante el anuncio. Señalan que la desvinculación de organismos jurisdiccionales supranacionales debilita los mecanismos internacionales de protección a la ciudadanía e interrumpe compromisos suscritos en tratados internacionales.
La medida ha generado una serie de reacciones entre cancillerías internacionales y bloques regionales, que evalúan el alcance de este posicionamiento en medio de los esfuerzos que simultáneamente se adelantan para la normalización de las relaciones diplomáticas de Venezuela.