Bajo amenazas de muerte y coacción, fiscales de Anzoátegui despojan a trabajadores de la empresa INMAR LOS ALEROS, ignorando sentencias firmes del TSJ y favoreciendo intereses de empresarios locales a través de un esquema de «justicia por encargo»
Con información de Nota de Prensa
Regiones / Anzoátegui
LA NUEVA ANTORCHA.— En un grito desesperado por justicia, víctimas de una red de corrupción judicial en el estado Anzoátegui hacen un llamado urgente a la Vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a la Defensoría del Pueblo y a la Inspectoría General del Ministerio Público. La denuncia señala directamente a los fiscales de la Fiscalía 1era de Anzoátegui, Dr. Keisy Hernández y Dra. Ada Mary Guerrero Rodríguez, de liderar un proceso de «terrorismo judicial» para arrebatar locales comerciales a sus legítimos dueños y trabajadores.
El caso ha tomado un cariz criminal tras la gravísima denuncia de la gerente de la empresa afectada, quien asegura haber sido obligada a firmar documentos bajo amenazas de muerte y presión psicológica.
Los fiscales, actuando como agentes de choque, habrían advertido a las víctimas que, de no entregar las llaves de los inmuebles, serían privados de su libertad de forma inmediata, utilizando la detención como moneda de cambio para el despojo patrimonial.
»Ante la gravedad de las irregularidades detectadas en Puerto La Cruz, se hace un llamado urgente al Ministerio Público para que inicie una investigación exhaustiva sobre la procedencia de un supuesto documento de venta del terreno donde ahora está construido el CentroComercial Colón, el cual se presume es forjado. Esta pieza de evidencia ya se encuentra bajo investigación en los tribunales correspondientes, lo que refuerza la necesidad de una intervención inmediata para esclarecer los hechos.»
Se insta al Ministerio Público a abrir una investigación penal sobre la obtención fraudulenta de un documento de traspaso de propiedad. La denuncia señala que dicho instrumento fue gestionado de forma irregular en notarías de Caracas con la participación de funcionarios públicos que no se encontraban en el ejercicio de sus funciones legales.
Desacato criminal al TSJ
La trama ignora deliberadamente la Sentencia Casada y sin Reenvío del 02/11/2022 (Expediente AA20-C-2021-0224), donde el máximo tribunal de la República ya dictó sentencia firme a favor de los afectados. Los fiscales Hernández y Guerrero Rodríguez han decidido situarse por encima de la ley, ejecutando desalojos arbitrarios en las instalaciones de INMAR LOS ALEROS (Paseo Colón), desconociendo la autoridad del TSJ y vulnerando el estado de derecho.
La estafa del «beneficiario difunto»
En un intento por dar barniz legal al atropello, la fiscalía alega estar protegiendo al ciudadano Sigfredo Mendoza Reyes. No obstante, la denuncia revela un hecho insólito: el Sr. Mendoza falleció el 28 de junio de 2025.
El despacho fiscal pretende ejecutar una acción penal «post mortem», ignorando que la responsabilidad penal se extingue con la muerte, con el único fin de favorecer los intereses económicos de terceros sobre bienes de alto valor comercial.
Conexión empresarial: El «brazo ejecutor»
Los afectados señalan al empresario Héctor Reyes (vinculado a Fuerza Motor y Assa Oriente) como el autor intelectual de este despojo.
Se denuncia que Reyes, a través de supuestas dádivas y el uso de documentos fraudulentos obtenidos de funcionarios fuera de servicio, utiliza a la Fiscalía 1era como su «brazo ejecutor». Esta práctica recurrente busca desplazar a propietarios legítimos, como el reconocido constructor Oswaldo Diberaldino, quien posee la razón jurídica y civil en este conflicto.
Exigencia de intervención
Las víctimas exigen al Fiscal General y a la Vicepresidenta Delcy Rodríguez una intervención inmediata del Ministerio Público en Anzoátegui.
«No podemos hablar de justicia mientras fiscales utilicen el uniforme para amenazar de muerte y robar propiedades en desacato a nuestro más alto tribunal», declararon los afectados, quienes temen por su integridad física tras estas denuncias.