El secretario general de los empleados públicos de la gobernación de Anzoátegui exige la activación inmediata del foro de diálogo y el cese de políticas que pulverizan el ahorro del trabajador
Con información de Nota de Prensa
Regiones / Anzoátegui
LA NUEVA ANTORCHA.— La ausencia de voluntad política por parte del Ejecutivo nacional respecto al tema salarial mantendrá al movimiento sindical en una ruta de protesta continua. Así lo manifestó Héctor Simón Jiménez, secretario general del Sindicato de Empleados Públicos de la Gobernación del Estado Anzoátegui (Urepanz), quien señaló que es imperativo establecer un sueldo justo que mejore progresivamente la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, hoy sumidos en una precariedad económica sin precedentes.
Jiménez instó a activar con urgencia el quinto foro de diálogo social, una instancia que debe permitir la participación universal y la búsqueda de soluciones reales en materia de justicia social. El dirigente denunció que el Estado pretende desestimar la representatividad de federaciones, sindicatos y gremios independientes al excluirlos de las mesas de debate. «Es hora de un debate serio y responsable entre empleados, trabajadores y gobierno; basta de burlarse del soberano con medidas que no resuelven la crisis de fondo», enfatizó.
El líder sindical subrayó que la propuesta del sector es clara: un ajuste salarial progresivo, anclado a una moneda fuerte para evitar que la inflación diluya el poder de compra, hasta lograr equipararlo al costo de la canasta básica. Advirtió que jugar con la tolerancia del pueblo no es recomendable y que Venezuela requiere paz social y bienestar. En este sentido, reiteró que la política de bonificaciones solo destruye el ahorro, mientras que la aplicación del instructivo Onapre y el memorándum 2792 siguen siendo lesivos para activos, jubilados y pensionados.
Finalmente, desde Urepanz se hizo un llamado a la restitución plena de las convenciones colectivas y la libertad sindical como pilares de una democracia sana. El movimiento sindical se declara en «alerta máxima» ante la negativa oficial de dignificar el trabajo. Jiménez concluyó que la lucha no cesará hasta que quienes laboran en la patria de Bolívar disfruten de una existencia digna, basada en el respeto a sus derechos adquiridos y en un modelo económico que garantice el progreso real.