Con la tutela de Estados Unidos y sobre las ruinas del modelo bolivariano, el oficialismo y la oposición inician negociaciones decisivas para la transición
Por Wilmer Nava
Nacionales
LA NUEVA ANTORCHA. — La instalación de esta nueva mesa de negociación representa el predecible epílogo de la denominada Revolución Bolivariana del Siglo XXI, un proyecto político que tras casi tres décadas en el poder deja como balance la devastación económica, la fractura social y el descrédito institucional. Aquella retórica épica impulsada por su fundador, truncada tras su deceso por cáncer pélvico, fue perdiendo progresivamente a sus cuadros doctrinarios e ideólogos fundacionales —figuras como Lina Ron, Eliézer Otaiza, William Lara, Carlos Escarrá o Luis Tascón—, dejando el control del Estado en manos de una estructura pragmática. Lo que inició como una promesa de transformación social derivó en un modelo caracterizado por la opacidad, la corrupción sistemática y el deterioro generalizado de las condiciones de vida de la población.
El punto de inflexión definitivo para este desenlace ocurrió con la detención de Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores, hito que desmanteló la cúpula que sostuvo el poder durante la última década y aceleró el colapso del aparato gubernamental. Tras años de denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, persecución política y la dilapidación de los recursos públicos, la caída del liderazgo principal dejó al descubierto la fragilidad de un régimen sumido en la miseria y el aislamiento internacional. Este vacío de poder forzó la configuración de un gobierno encargado y catalizó la intervención directa de la comunidad internacional para encauzar una salida institucional.
Bajo la estricta supervisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos, las conversaciones iniciadas entre la delegación del gobierno encargado —presidida por Jorge Rodríguez— y la representación opositora encabezada por Dinorah Figuera buscan establecer las bases de una transición ordenada. La agenda de discusión trasciende la coyuntura inmediata e incluye puntos críticos como la reestructuración del Consejo Nacional Electoral, la renovación del Poder Judicial y la atención urgente a contingencias nacionales, situando la eventual convocatoria a comicios libres como el objetivo central del proceso.
A pesar de la trascendencia del encuentro, la sociedad venezolana observa el proceso con profundo escepticismo, extenuada por una larga serie de iniciativas de diálogo que en el pasado solo sirvieron para dilatar los cambios políticos. Para la mayoría de los ciudadanos, golpeados por la hiperinflación, la diáspora familiar y la pérdida del aparato productivo, estas reuniones son percibidas como el capítulo final de una prolongada comedia política que durante años pospuso las soluciones reales a la crisis humanitaria y económica del país.
El éxito o fracaso de este intento definitivo dependerá de la capacidad de las partes para concertar garantías políticas efectivas y destrabar los activos internacionales necesarios para la reconstrucción nacional. Con la figura de María Corina Machado al margen del esquema inicial y la desconfianza latente entre los diversos factores de la oposición, la mesa de negociación se enfrenta al desafío de transformar un acuerdo de élites en un cronograma electoral veraz que devuelva la institucionalidad democrática y ponga fin a casi treinta años de hegemonía oficialista.