A pesar de contar con una sentencia favorable de acción reivindicatoria desde octubre de 2024, 120 familias de la Caja de Ahorros esperan por la restitución de sus viviendas invadidas hace seis años
Con información de Nota de Prensa
Regiones / Anzoátegui
LA NUEVA ANTORCHA.— Este martes, un grupo de docentes, administrativos y obreros, tanto activos como jubilados de la Gobernación del estado Anzoátegui, se concentró frente al Palacio de Justicia en Barcelona. Los manifestantes, todos afiliados a la Caja de Ahorro y Previsión Social (CAPSTEEA), exigieron el cumplimiento inmediato de la restitución de 120 apartamentos ubicados en la urbanización La Encantada, sector Maurica, los cuales permanecen invadidos desde el año 2018 por personas ajenas a la institución.
Los afectados señalaron que existe una base legal sólida para el desalojo, pues el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil dictó una sentencia con lugar el pasado 15 de octubre de 2024. No obstante, a pesar de que la justicia reconoció el derecho de propiedad de la Caja de Ahorro y sus asociados mediante una acción reivindicatoria, las autoridades competentes aún no han ejecutado la medida judicial, dejando a los legítimos dueños en un limbo jurídico.
Durante la protesta, los voceros denunciaron una violación flagrante a los derechos constitucionales, específicamente al derecho a la vivienda digna, a la propiedad privada y a la tutela judicial efectiva. Los trabajadores hicieron un llamado directo al Fiscal General de la República, a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y a la Vicepresidencia Ejecutiva para que autoricen de manera inmediata el desalojo de los inmuebles construidos con el esfuerzo y ahorro de los empleados públicos.
Asimismo, el gremio cuestionó la postura de las autoridades regionales y municipales, señalando que se ha permitido el registro de un consejo comunal dentro del espacio invadido. Denunciaron que, de manera contradictoria, las personas que ocupan ilegalmente los apartamentos han recibido créditos para proyectos socioproductivos, como criaderos de pollos, además de visitas técnicas de organismos de hábitat y vivienda que, a su juicio, avalan una conducta antijurídica.
Finalmente, los asociados de CAPSTEEA advirtieron que no cesarán sus acciones de calle hasta recuperar su patrimonio. Informaron que, de no obtener una respuesta satisfactoria en los próximos días, procederán a interponer un recurso de amparo por omisión contra las instancias correspondientes, reafirmando que la lucha por sus viviendas se mantendrá firme tanto en el ámbito legal como en la movilización popular.