El reciente incremento en los costos de reconexión eléctrica, que alcanzan hasta los 372 dólares, es denunciado por usuarios como una política que profundiza el empobrecimiento y la inflación
Por Alberto García Sánchez
Regiones / Anzoátegui
LA NUEVA ANTORCHA.— El anuncio de las nuevas tarifas de reconexión por parte de la estatal Corpoelec ha generado una ola de indignación entre los suscriptores, quienes consideran estas medidas como un golpe directo a la economía familiar. Ciudadanas como Elvira Rivas y Ángela Rodríguez denuncian que los montos —fijados en 48 dólares para residenciales y hasta 372 dólares para el sector industrial— resultan desproporcionados frente a la realidad del poder adquisitivo nacional. Para los afectados, esta política no es más que un motor que impulsa la inflación y el hambre en los hogares venezolanos.
La crítica se intensifica al contrastar el alto costo de los cargos con la precariedad del suministro eléctrico. Los usuarios señalan que los aumentos son «descarados», considerando que el país atraviesa un severo racionamiento y cortes imprevistos que dañan electrodomésticos sin que exista un mecanismo de indemnización. Esta situación es atribuida a la ineficiencia operativa y a la falta de mantenimiento en empresas estratégicas como Corpoelec, Hidrocaribe y Cantv, lo que evidencia un fracaso sistémico en la gestión de los servicios públicos esenciales.
Desde la perspectiva del activismo ciudadano, estas medidas tributarias y de facturación estimulan una «economía de miseria». Se cuestiona que el Estado permita un alza incontrolada de precios y del tipo de cambio, mientras los servicios básicos se encarecen bajo el amparo de una administración que no garantiza soluciones. Las amas de casa enfatizan que esta presión fiscal sobre el usuario parece un intento por reponer fondos perdidos en la gestión pública, trasladando la carga financiera directamente al consumidor final.
El panorama social se agrava al observar la decadencia de la infraestructura de salud. La denuncia pública resalta que, mientras se exigen pagos en divisas para servicios deficientes, los hospitales permanecen desabastecidos de insumos y equipos básicos, vulnerando el derecho constitucional a la asistencia gratuita. Para las denunciantes, existe una desconexión total entre las exigencias recaudatorias del gobierno y la capacidad del Estado para garantizar condiciones de vida dignas para la población más vulnerable.
Finalmente, el reclamo se extiende a la política laboral y salarial, donde se critica el uso de bonificaciones en detrimento del salario mínimo legal. Al negar un aumento salarial justo y optar por bonos que no inciden en las prestaciones, el gobierno incumple con el mandato constitucional. La conclusión de los afectados es categórica: el aumento de tarifas y las sanciones por reconexión representan una gestión incapaz que, lejos de resolver la crisis energética, utiliza la vía de la asfixia económica para sostenerse.