Héctor Simón Jiménez, secretario general de UREPANZ y presidente de la Comisión Electoral Permanente de Fetranzoátegui, denuncia la inconstitucionalidad de la reciente sentencia del TSJ y exige a la presidencia encargada el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución para dignificar a los trabajadores públicos
Con información de Nota de Prensa
Regiones / Anzoátegui
LA NUEVA ANTORCHA.— Los trabajadores de la Gobernación del estado Anzoátegui se han declarado en pie de lucha activa para exigir el rescate del salario justo y el respeto a los beneficios contractuales históricamente alcanzados.
Héctor Simón Jiménez, secretario general del sindicato UREPANZ, informó que la masa laboral del ejecutivo regional ha iniciado jornadas de movilización y concienciación dirigidas a empleados públicos, jubilados y pensionados, ante lo que califican como una ofensiva gubernamental contra la progresividad de los derechos laborales establecidos en la Constitución Bolivariana de Venezuela.
El dirigente sindical fustigó la reciente decisión de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), emitida el pasado 13 de septiembre de 2025. Según Jiménez, este fallo representa un «error inconstitucional» al pretender desconocer que el pago permanente de bonos debe formar parte integral del salario. «Esta acción del Gobierno viola nuestra Carta Magna y atropella el principio de indubio pro operario, el cual obliga a aplicar siempre la interpretación que más favorezca al trabajador en cualquier escenario laboral», sentenció el líder de UREPANZ.
Jiménez recordó que el discurso oficial pregona «todo dentro de la Constitución, nada fuera de ella», por lo que hizo un llamado urgente a la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, para que se retome el hilo de la legalidad laboral. La exigencia es clara: la derogación inmediata de todos los decretos que obstruyen la libertad sindical y que impiden la celebración de convenciones colectivas sin trabas burocráticas, devolviendo así la institucionalidad al ejercicio del derecho al trabajo en el estado Anzoátegui.
En este sentido, la dirigencia sindical de la gobernación subrayó la necesidad de hacer cumplir el artículo 91 constitucional, el cual garantiza un salario digno que tome como referencia el costo real de la canasta básica. Para Héctor Jiménez, no se trata solo de cifras, sino del respeto al estado de derecho y a la justicia social, elementos que han sido vulnerados por políticas que mantienen a la clase obrera en condiciones de vulnerabilidad económica extrema frente a la inflación y el alto costo de la vida.
Finalmente, el secretario general de UREPANZ aseguró que el gremio no descansará en su agenda de calle y encuentros organizativos. «Nuestra lucha es por los sagrados derechos de los trabajadores, su bienestar y una calidad de vida digna. La justicia social no es una consigna, es una obligación del Estado que hoy estamos reclamando con firmeza», concluyó Jiménez, ratificando que las jornadas de protesta pacífica y concienciación continuarán hasta obtener respuestas concretas del ejecutivo nacional y regional.