Jue. Jul 30th, 2026

El gremio asegura que la medida viola lo establecido en la Ley Orgánica de Educación, que fija el comienzo del año escolar para el 16 de septiembre

Con información de El Nacional

Nacionales

LA NUEVA ANTORCHA.- El Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvemal) en el estado Lara expresó su desacuerdo con el anuncio del ministro de Educación, Héctor Rodríguez, quien informó que el personal obrero, administrativo y demás trabajadores deberán reincorporarse a las instituciones educativas el 8 de septiembre, mientras que el inicio de clases quedó fijado para el 15.

Inicio de clases adelantado contradice la ley

La organización gremial advirtió que la medida de inicio de clases adelantado contradice el reglamento de la Ley Orgánica de Educación.

“El artículo 54 del reglamento dice que las clases se iniciarán el primer día hábil de la segunda quincena de septiembre. Ese día corresponde al 16 de septiembre”, explicó Hilda Peña, secretaria general de Sinvemal en Lara, en entrevista para Radio Fe y Alegría Noticias.

El sindicato exhortó a las autoridades a respetar los 60 días hábiles de vacaciones establecidos en la normativa vigente y pidió que no se tomen represalias contra los docentes que decidan acatar el inicio de clases a partir del 16.

Maestros reclaman por salarios y prestaciones

Además del rechazo a la fecha de incorporación, Sinvemal reiteró sus denuncias sobre la situación salarial del magisterio. Recordaron que el último aumento de sueldo en Venezuela se realizó en marzo de 2022, lo que ha afectado directamente el cálculo de prestaciones sociales de los trabajadores.

Peña señaló que las prestaciones, actualmente entre 90 y 300 dólares, no incluyen beneficios como el bono de guerra económica ni el cestaticket, lo que reduce de forma significativa los montos que reciben los jubilados y trabajadores activos.

Puede interesarte...  Maduro pide a los maestros volver a las aulas a pesar de los bajos salarios

“El cálculo se realiza en base al salario normal que perciben los docentes. Esto atenta contra el patrimonio del trabajador, porque reciben sus prestaciones sociales con base en el sueldo de hace más de dos años”, enfatizó.