No se puede permitir la barbarie en Venezuela
Con información de Nota de Prensa
Nacionales
LA NUEVA ANTORCHA.– Un día después de conocerse la muerte del exgobernador de Nueva Esparta y preso político, Alfredo Díaz, en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocida como El Helicoide, las reacciones de la oposición venezolana y de organizaciones de derechos humanos se han intensificado, configurando un segundo día de fuerte denuncia.
La narrativa predominante es categórica: no se trata de una muerte natural, sino de un «crimen de la tiranía» y una «consecuencia directa del sistema de persecución». La familia, los líderes políticos y las ONG exigen una investigación imparcial y responsabilizan al Estado venezolano por omisión y falta de atención médica.
La denuncia más fuerte: «Me lo mataron»
La reacción más contundente proviene de la familia de Díaz. Su esposa, Leynys Malavé, ha exigido públicamente respuestas al Gobierno con la dolorosa pregunta: «¿Qué pasó con mi esposo, me lo mataron?»
- Familiar: La familia no ha podido ver el cuerpo y continúa reclamando una versión oficial y documentación médica, lo que agrava la desconfianza sobre las circunstancias de su fallecimiento por presunto infarto, tras casi un año de reclusión y aislamiento.
Condena unánime del liderazgo opositor
Dirigentes de la Plataforma Unitaria y la sociedad civil han elevado el tono, asegurando que la muerte de Díaz, quien según su partido llevaba meses solicitando sin éxito atención médica por problemas cardíacos, revela un patrón de represión sistemático:
- María Corina Machado y Edmundo González Urrutia (Comunicado Conjunto): Afirmaron que el deceso revela un «patrón sostenido de represión estatal» y aseguraron que documentarán «cada omisión y cada responsabilidad» para garantizar que no haya impunidad. Denunciaron que Alfredo Díaz es uno de los varios presos políticos que han fallecido bajo custodia del Estado.
- Leopoldo López (Dirigente de Voluntad Popular): Publicó en sus redes: “Lo mataron. Es otra víctima de la dictadura”. Destacó que Díaz «llevaba meses solicitando atención médica y se la negaron», y llamó a honrar su memoria.
- Antonio Ledezma (Exalcalde Metropolitano): Calificó el hecho como «Otro crimen más de la tiranía de Maduro», señalando que la lealtad de Díaz a los principios democráticos le costó primero «el secuestro» y luego «la vida».
El foco en las instancias internacionales
Las organizaciones de derechos humanos han sido enfáticas al señalar la responsabilidad del Estado y la necesidad de acción externa.
- Foro Penal (Alfredo Romero): Recordó que Díaz «llevaba un año preso, aislado», y reiteró que “El Estado es responsable de la salud de la persona bajo su custodia”. Además, la ONG sostiene que la muerte es «potencialmente ilícita» bajo el Protocolo de Minnesota (2016), que rige la investigación de muertes bajo custodia.
- PROVEA y activistas: Han confirmado la noticia, denunciando que el exgobernador padecía de problemas de salud que se agravaron por las condiciones de reclusión y la negativa de asistencia. Se reitera el llamado a la Corte Penal Internacional (CPI) para que se pronuncie ante lo que califican de «crímenes sistemáticos».
Hasta el cierre de esta edición, las autoridades venezolanas no han emitido una versión oficial sobre la muerte del exgobernador. Mientras tanto, la oposición ha prometido llevar el caso ante todas las instancias internacionales para denunciar la violación de derechos humanos en los centros de detención del país.