La activista venezolana está en El Helicoide, una de las dos sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas, acusada de supuestos delitos relacionados con terrorismo
Con información de El Nacional
Nacionales
LA NUEVA ANTORCHA.- Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, cumplió el domingo cuatro meses detenida.
La activista venezolana está en El Helicoide, una de las dos sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas, acusada de supuestos delitos relacionados con terrorismo.
Justicia, Encuentro y Perdón, ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos, denunció la situación.
«Rocío San Miguel cumple este 9 de junio cuatro meses de injusta prisión y sin garantías al debido proceso», expresó a través de X.
En la red social, Acceso a la Justicia también rechazó el procedimiento contra la activista:
«A cuatro meses de la detención de Rocío San Miguel, recordamos cómo se han violado las garantías procesales y el debido proceso en su caso. Es una situación grave que nos demuestra la falta de respeto a los derechos humanos en nuestro país».
A San Miguel la arrestaron en la madrugada del 9 de febrero cuando intentaba abordar un vuelo en el aeropuerto Simón Bolívar junto a su hija, a quien liberaron posteriormente.
Las «pruebas» en su contra
Días después de su detención, las autoridades allanaron su vivienda mientras su hija se encontraba en el lugar. Durante el allanamiento, se llevaron mapas y computadoras, que luego el fiscal general, Tarek William Saab, expuso ante la prensa como «pruebas» de su relación con una presunta conspiración.
Saab mostró fragmentos de una «orden de operación» confiscada a un militar detenido, también acusado de participar en el plan de magnicidio, en los que «aparece mencionada explícitamente Rocío San Miguel».
Según esos extractos, la acusada debía hacer «enlaces» con medios de comunicación para divulgar «avances de la operación», generar «afinidad comunicacional con la población militar» y «coordinar» la defensa de oficiales involucrados a través de Control Ciudadano.
A la presa política la presentaron ante un tribunal con competencias en terrorismo, ubicado en El Helicoide, y la forzaron a aceptar un defensor público. Las acusaciones en su contra incluyen traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir.