Dirigentes de la tolda aurinegra consignaron un documento amparado en el artículo 281 de la Constitución para denunciar los cortes prolongados en todo el país y solicitaron instar a la Fiscalía General a investigar la presunta malversación de fondos en inversiones no ejecutadas
Con información de Nota de Prensa
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LA NUEVA ANTORCHA. — Una representación nacional y regional del partido Primero Justicia (PJ) acudió a la sede principal de la Defensoría del Pueblo, en Caracas, para exigir la intervención inmediata del organismo ante el deterioro progresivo del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y su grave impacto en las condiciones de vida de la población.
La comisión —integrada por Milagros Valera, presidenta de PJ Miranda; Oswaldo Siano, presidente de la organización en Caracas; y los coordinadores juveniles Andrés García (Apure) y Elizabeth Castillo (Mérida)— interpuso un petitorio fundamentado en el artículo 281 de la Constitución Nacional, el cual faculta a la Defensoría para velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos y la protección de los derechos colectivos y difusos.
Esta acción institucional se replicó de manera simultánea en las sedes regionales de la Defensoría en los estados Yaracuy, Barinas, Guárico, Monagas, Anzoátegui, Bolívar, Lara, Táchira, Mérida, Trujillo, Apure, Aragua, Portuguesa y Zulia.
Exigen auditoría e investigación penal por fondos asignados
Milagros Valera denunció que la inestabilidad en el suministro eléctrico vulnera la seguridad ciudadana, paraliza la actividad productiva y compromete el acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación y la alimentación.
«Acudimos en calidad de usuarios a exigir que la Defensoría cumpla con su mandato constitucional. Asimismo, pedimos que inste al Fiscal General de la República a iniciar las investigaciones correspondientes y ejercer acciones legales contra los funcionarios que, por acción u omisión, han permitido el deterioro de este servicio esencial. Ante los millonarios recursos aprobados para la recuperación del SEN que no se traducen en mejoras, existen presuntas irregularidades administrativas que deben ser auditadas e investigadas de forma urgente», aseveró la dirigente nacional.
Por su parte, Oswaldo Siano advirtió que la crisis ha alcanzado niveles críticos en la capital del país, donde las constantes fluctuaciones e interrupciones prolongadas menoscaban el derecho a una vida digna.
Hasta ocho horas diarias sin suministro en el interior
Los voceros regionales expusieron la severidad de las fallas en el interior del país. Andrés García, representante juvenil de PJ Apure, calificó la contingencia como una emergencia que desarticula la cotidianidad del ciudadano.
«En el estado Apure la interrupción del servicio oscila entre 6 y 8 horas diarias. Constatamos que en la parroquia Mantecal, del municipio Muñoz, los ciudadanos permanecen más de ocho horas continuas a oscuras. Esto dejó de ser un fallo técnico para convertirse en una situación insostenible que exige soluciones de fondo», enfatizó García.
En representación de la zona andina, Elizabeth Castillo, dirigenta juvenil de PJ Mérida, tildó de inaceptable la frecuencia de los racionamientos: «En Mérida soportamos hasta dos cortes eléctricos diarios de cinco a seis horas cada uno. El Estado tiene la obligación constitucional de garantizar un servicio continuo y de calidad».
Puntos clave del petitorio consignado
El documento, recibido formalmente por la Dirección de Despacho de la Defensoría del Pueblo, contempla tres exigencias fundamentales:
- Garantía institucional del servicio: Activación inmediata de los mecanismos constitucionales del Defensor del Pueblo para velar por la prestación eficiente de la red eléctrica.
- Plan de mantenimiento e inversión: Requerimiento formal a los entes ejecutivos competentes para la aplicación urgente de un plan de recuperación técnica y mantenimiento preventivo del SEN.
- Acción penal y administrativa: Exhorto a la Fiscalía General de la República para establecer responsabilidades legales sobre los funcionarios encargados de la gestión energética e investigar el destino de las partidas presupuestarias asignadas.