El ingeniero Eduardo Medina, de la Sucesión Gutiérrez-Medina, propietaria de la finca La Floresta, ubicada en Santa Clara, municipio José Gregorio Monagas, estado Anzoátegui, formuló la denuncia pública
Acusó a los invasores perturbadores de la paz por causar daños cuantiosos tras paralizarse la producción agropecuaria de esta importante unidad productiva
Por Alexander Compiani
Regiones / Anzoátegui
LA NUEVA ANTORCHA.— «La justicia deja de ser clara cuando no se ejerza con celeridad y probidad», así lo aseguró el ingeniero y productor agropecuario Eduardo Medina, miembro de la Sucesión Gutiérrez-Medina, propietaria de la finca La Floresta, ubicada en la parroquia Santa Clara, municipio José Gregorio Monagas, estado Anzoátegui.
Esta importante unidad productiva agropecuaria fue invadida por más de diez perturbadores de la paz del campo, y sus propietarios han logrado de sentencias favorables en el poder judicial a nivel de las instancias agrarias de primera instancia y superior, mediante una demanda de restitución agraria pero el juez Agrario de El Tigre, Jesús Leonardo Quintero, quien fue designado por el juez Superior Agrario de los estados Sucre, Anzoátegui y Nueva Esparta, para que ejecute la sentencia de desalojo y reubicación de los invasores, no la ha ejecutado, está en una situación de desacato.
«La Sucesión Gutiérrez-Medina sólo anhela la paz en el predio rural para seguir impulsando con éxito el ambicioso proyecto de producción agroalimentaria desde Santa Clara en el sur del país, es decir, en estas tierras donde están las más grandes reservas de petróleo de la Faja Petrolífera del Orinoco», expresó.
Enfatizó Medina que en Venezuela persisten las invasiones porque tenemos jueces complacientes y sin probidad, causando este cáncer social, una verdadera catástrofe en el campo.
Reiteró que el juez Jesús Leonardo Quintero ha actuado irresponsablemente por no ejecutar la desocupación autorizada por el Tribunal Superior Agrario, a través de la sentencia favorable definitiva.
Emplazó públicamente al juez de esta causa a dar cumplimiento a lo impartido por el juez Superior Agrario, y al propio tiempo, que diga los motivos de su «incumplimiento de su deber».
Sentenció el productor agropecuario que estas invasiones son fatídicos para los centros productivos del agro. Y argumentó que el Estado debe preservar la paz en el sector agropecuario para la convivencia ciudadana y hacer todos los esfuerzos para garantizar la producción agroalimentaria de Anzoátegui.
Luego subrayó, «sólo reclamamos nuestros derechos constituciones y sólo podrá ser queremos que el juez Quintero ejecute la sentencia para restituir las tierras a sus legítimos propietarios; las mismas están avaladas por casi 200 años de tradición».
Por último dijo que la justicia no siempre gana, sin embargo, en el caso de La Floresta «está en deuda y ha sido injusta por capricho y desacato del juez Quintero, al no ejecutar la sentencia del juez Superior Agrario, paralizando la unidad de producción del agro.