Jue. Jul 30th, 2026

Con información de Nota de Prensa

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LA NUEVA ANTORCHA.— Ante el debate sobre la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, el movimiento Primero Justicia fue enfático: cualquier apertura petrolera será un cascarón vacío si no se acompaña de seguridad jurídica, instituciones legítimas y el respeto al mandato popular.

El diagnóstico: La discrecionalidad es la enemiga de la inversión

​La organización advirtió que el problema central de la reforma impulsada por el régimen no es solo el texto legal, sino la falta de contrapesos.

«Una norma puede abrir espacios en el corto plazo, pero sin confianza no hay inversión sostenible. Sin transición democrática ni Estado de Derecho, no habrá inversión privada seria; solo negocios opacos para los amigos del poder», señala el comunicado.

​La destrucción de la industria no fue un accidente, sino el resultado de la gestión del madurismo: corrupción sistemática, uso político de PDVSA y el desplome de la producción que empobreció a millones mientras enriquecía a una élite.

Cinco Pilares para una Reforma Petrolera Real

​Para Primero Justicia, una apertura que beneficie a la nación debe basarse en estos cinco ejes innegociables:

  1. Arbitraje Internacional: Garantías ejecutables que protejan tanto al inversionista como al interés nacional.
  2. Licitaciones Transparentes: Fin de las asignaciones «a dedo». Subastas públicas y competitivas para maximizar beneficios.
  3. Reglas Fiscales Predisponibles: Un marco tributario claro, sin privilegios especiales ni cambios de reglas a conveniencia.
  4. Regulador Independiente: Una autoridad técnica que supervise el sector, fuera del control político directo del Ejecutivo.
  5. Transparencia Total: Auditoría permanente y publicación obligatoria de todos los titulares de los Contratos de Participación Productiva (CPP).
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Sin Democracia no hay Energía

​El movimiento subrayó que la inversión estructural seguirá siendo esquiva mientras se ignore la voluntad ciudadana expresada el 28 de julio de 2024. La seguridad jurídica nace de la legitimidad, y esta solo es posible con poderes públicos renovados y una Asamblea Nacional que represente a los venezolanos.

«Necesitamos una apertura limpia y competitiva. Venezuela no quiere más ingresos momentáneos que se pierdan en la opacidad; queremos una industria que sea el motor de la reconstrucción nacional», concluye el documento.