La Organización Latinoamericana de Capellanes de los Derechos Humanos (Orgalatín) fijó posición ante lo que considera un hecho constitucional impostergable: el vencimiento del plazo legal para declarar la vacante en la jefatura del Estado venezolano.
Coromoto Ramos, dirigente de la organización, advirtió que el país no puede permanecer en la incertidumbre institucional ni someterse a extensiones al margen de la ley.
La abogada, miembro de la comisión jurídica de Orgalatín, indicó que este 3 de julio se cumplen 180 días de falta absoluta tras la captura de Nicolás Maduro, preso en una prisión federal del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 233, establece con absoluta claridad las causales de falta absoluta, la encargaduría y la obligación de convocar de inmediato a elecciones libres, transparentes y verificables, indicó Ramos.
“Venezuela no puede permanecer en un vacío de poder ni en una prórroga de facto. La única vía legítima para restituir la institucionalidad y la dignidad ciudadana es el voto”.
Ramos, en representación de la comisión jurídica del organismo internacional, expresó que la omisión de este mandato no solo pasa por encima de la legislación nacional, sino que vulnera acuerdos internacionales en materia de derechos políticos.
“Como organización de derechos humanos para toda Latinoamérica, exigimos que se respete el derecho del pueblo venezolano a elegir y a ser elegido”.
“Negar ese derecho es ir en contra de la democracia y constituye una violación a las garantías fundamentales consagradas en la Constitución y en los tratados internacionales. El mundo nos está mirando, y los derechos humanos no se negocian”, agregó la jurista.
Orgalatín hizo un llamado al poder electoral y a las instituciones del Estado venezolano a activar los mecanismos que destraben la crisis política de forma inmediata.