El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) avanza en la resolución de impugnaciones mientras la izquierda convoca a movilizaciones en defensa del voto
Redacción LNA
Internacionales
LA NUEVA ANTORCHA. — La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó el procesamiento de las actas de la segunda vuelta presidencial celebrada el pasado 7 de junio, dejando un escenario de extrema paridad en el que la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, supera por un estrecho margen de apenas unos miles de votos a su contendor de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. De acuerdo con los reportes oficiales del organismo, la lideresa de derecha aglutina un aproximado del 50.11% de los sufragios válidos, frente al 49.89% obtenido por el dirigente de izquierda.
Debido a que la diferencia porcentual entre ambas opciones se sitúa por debajo de las décimas de punto, la proclamación oficial del nuevo mandatario ha quedado temporalmente supeditada a las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El pleno de este tribunal electoral trabaja a contrarreloj en la revisión de los recursos de nulidad y actas observadas ingresados por ambas agrupaciones, habiendo declarado recientemente infundadas un grueso de apelaciones presentadas en distritos de la capital peruana, lo que consolida paulatinamente la tendencia en favor del fujimorismo.
En el plano social, la polarización de los resultados ha encendido las alarmas ante posibles focos de inestabilidad civil en las principales provincias del país. El partido Juntos por el Perú y diversos movimientos sindicales de las regiones del sur —donde Sánchez capitalizó una amplia mayoría— han convocado a movilizaciones masivas hacia Lima en rechazo al conteo y para exigir lo que denominan el «respeto al voto rural», argumentando supuestas irregularidades en las mesas de sufragio de los centros urbanos dominados por la derecha.
Las implicaciones políticas de este proceso avizoran un quinquenio de enorme complejidad gubernamental para quien resulte finalmente investido el próximo 28 de julio. Con un Congreso fragmentado tras la primera vuelta de abril, el nuevo Ejecutivo deberá lidiar de manera inmediata con un país fracturado geográficamente y con una profunda crisis de representatividad institucional, lo que obligará a entablar urgentes coaliciones de gobernabilidad para atenuar la tensión poselectoral y evitar la reactivación de los mecanismos de vacancia presidencial.