El dirigente nacional de Primero Justicia enfatizó que, a diferencia de estándares internacionales en gestión de desastres donde los planes se presentan en las primeras tres semanas, en Venezuela aún se desconoce el cronograma, el presupuesto y los ejecutores de las obras de reconstrucción
Con información de Nota de Prensa
Nacionales
LA NUEVA ANTORCHA. — El dirigente nacional de Primero Justicia (PJ), Carlos Ocariz, instó este lunes a la administración gubernamental a presentar un plan público, técnico y verificable para la reconstrucción del estado La Guaira y demás zonas afectadas por la secuencia sísmica registrada el pasado 24 de junio en la costa norte del país.
«¿Cuál es el plan? A 33 días de la tragedia persisten las incertidumbres. Países con alta sismicidad como Japón, Chile, Nueva Zelanda o Estados Unidos articulan planes estratégicos a mediano y largo plazo dentro de las primeras tres semanas posteriores a un evento de esta magnitud», señaló el vocero.
Ocariz subrayó que el impacto del desastre marca un precedente crítico en la infraestructura y sociedad venezolana. Refirió que, de acuerdo con balances oficiales, el saldo asciende a 5.546 fallecidos, 16.740 heridos, 17.907 personas en condición de movilidad forzada por pérdida de vivienda y 856 edificaciones impactadas, de las cuales 190 sufrieron colapso estructural total. «Detrás de cada cifra hay una familia, una pérdida humana o patrimonial. La respuesta institucional no puede limitarse al manejo cuantitativo», enfatizó.
Asimismo, si bien reconoció el compromiso y la capacidad de articulación de la sociedad civil y el voluntariado, acotó los alcances de la acción comunitaria: «La indiscutible solidaridad de los venezolanos no sustituye las competencias y obligaciones constitucionales del Estado».
Demandas de precisión y presupuesto
El dirigente cuestionó la falta de especificaciones técnicas sobre las medidas anunciadas e identificó tres áreas críticas de atención:
- Soluciones habitacionales y refugios: Exigió definir los criterios de reubicación, los plazos de permanencia en los centros de acopio temporal y la ubicación de los nuevos desarrollos urbanísticos.
- Evaluación de infraestructura: Demandó un diagnóstico categórico sobre el estatus de los 856 edificios comprometidos para determinar cuáles son habitables, cuáles requieren demolición y cómo se financiarán las reparaciones.
- Sostenibilidad financiera: Señaló que la asignación inicial de 340 millones de dólares provenientes del FMI resulta insuficiente frente a la estimación de daños proyectada por el Banco Mundial, la cual supera los 20.000 millones de dólares. «Es indispensable transparentar el origen de la brecha presupuestaria y los mecanismos de fiscalización de estos fondos».
Propuesta integral para la gestión de la contingencia
Frente a la coyuntura, Ocariz presentó un esquema técnico estructurado en cinco ejes de acción:
- Catastro público e informe geotécnico: Registro de acceso abierto sobre inmuebles afectados y ejecución de estudios detallados de mecánica de suelos en La Guaira.
- Cronograma de reconstrucción en tres fases:
- Estabilización (0 a 6 meses): Remoción de escombros, mitigación de riesgos geotécnicos inmediatos y diseño de proyectos ejecutivos.
- Reconstrucción (6 a 24 meses): Edificación de viviendas, rehabilitación de la planta escolar y ejecución de obras de infraestructura pública.
- Recuperación institucional y sostenible (2 a 5 años): Planificación urbana integral, fortalecimiento normativo y programas permanentes de gestión de riesgos.
- Fondo transparente de reconstrucción: Creación de un marco fideicomisario regulado por ley para la administración descentralizada de los recursos.
- Vinculación técnica y académica: Incorporación formal de gremios profesionales, la academia y colegios técnicos, apoyándose en las iniciativas en curso del Colegio de Ingenieros de Venezuela.
- Restablecimiento prioritario de servicios: Recuperación urgente de la infraestructura crítica de servicios básicos, red asistencial de salud y planteles educativos.
«Nuestra postura trasciende la coyuntura política; es un planteamiento institucional de país. El personal médico, de rescate y la juventud han demostrado su compromiso. Corresponde al Estado asumir el liderazgo con rigor técnico. La fase subsiguiente exige reconstruir la infraestructura, garantizar los servicios y restituir la confianza ciudadana», concluyó.