Marco Rubio comparece ante un tribunal federal para testificar en el juicio contra el excongresista David Rivera, acusado de actuar como agente no registrado del gobierno de Nicolás Maduro
Redacción LNA
Internacionales
LA NUEVA ANTORCHA.— El actual secretario de Estado, Marco Rubio, se presentó este martes en una corte federal de Miami, transformándose en el testigo central de un proceso que sacude los cimientos de la política en Florida. Su comparecencia busca esclarecer los intentos del régimen de Nicolás Maduro por penetrar los círculos de poder en Washington a través de figuras que, hasta hace poco, se consideraban aliados de la causa democrática venezolana.
La fiscalía sostiene que David Rivera, antiguo colega de Rubio, orquestó una operación de cabildeo clandestina financiada con fondos de PDVSA. El objetivo era claro: utilizar la cercanía personal con legisladores clave para suavizar la postura de Estados Unidos y lograr el levantamiento de las sanciones económicas. Según los reportes de agencias como AP y Reuters, este esquema se nutrió de un contrato de $50 millones de dólares que Rivera habría intentado ocultar tras una fachada de consultoría.
Durante la sesión, se enfatizó la existencia de comunicaciones cifradas bajo el nombre «MIA», un canal donde Rivera y la asesora Esther Nuhfer coordinaban estrategias para influir en la política exterior estadounidense. Estas revelaciones exponen la magnitud del esfuerzo financiero que la administración de Maduro estuvo dispuesta a ejecutar, incluso mientras Venezuela atravesaba una de sus crisis humanitarias más agudas, priorizando la compra de voluntades en el extranjero.
Rubio, quien ha mantenido una postura inquebrantable frente a la estructura de poder en Caracas, ratificó ante el tribunal que cualquier intento de manipular su criterio fue inútil. El secretario reiteró que la política de presión contra el Palacio de Miraflores responde a principios institucionales y no a gestiones privadas, subrayando que las sanciones solo se consideran negociables frente a una transición democrática real y verificable.
El juicio, que apenas comienza su fase de testimonios clave tras la selección del jurado, representa un hito en la aplicación de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA). Mientras Rivera mantiene su declaración de inocencia, el proceso legal en Miami no solo juzga un presunto caso de lavado de dinero y conspiración, sino que pone bajo la lupa cómo los regímenes autoritarios intentan erosionar las democracias desde su propio interior.