El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) reclama apoyo internacional para exigir la liberación del hijo de Raúl Baduel y los más de 800 detenidos por motivos políticos
Con información de El Nacional
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LA NUEVA ANTORCHA.- Josnars Baduel, hijo del exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, recibió este fin de semana una visita familiar y algunos medicamentos, después de permanecer 41 días en aislamiento prolongado, anunció su hermana Andreína Baduel.
Denuncian torturas contra Josnars Baduel
La también directora del Comité por la Libertad de los Presos Políticos advirtió que su hermano Josnars Baduel presenta “secuelas graves de torturas” y que desde hace años no recibe la atención médica especializada que requiere.
A través de un mensaje en la red social X, Andreína Baduel sostuvo que lo ocurrido “no es un gesto de humanidad, sino la prueba de cómo en el Rodeo I se juega con la vida de los presos políticos, sometiéndolos a un patrón de castigo y arbitrariedad”.
«Cuando nos niegan las visitas, cuando rechazan la paquetería, cuando devuelven las medicinas, cuando permiten algo después de semanas, lo hacen como mecanismo de tortura y control», señaló.
Asimismo, alertó que Jesús Armas, Freddy Superlano, Biagio Pilieri y al menos otros 15 presos políticos permanecen en aislamiento, mientras otros fueron trasladados desde El Helicoide a Yare II sin previo aviso.
Presión diplomática y Ruta por la Justicia
El comité desarrolla esta semana la segunda edición de la Ruta Global por la Justicia, con concentraciones en varias sedes diplomáticas en Caracas para exigir la liberación de los presos políticos.
El lunes, la organización pidió a España que ejerza su influencia y liderazgo para impulsar por la vía diplomática la liberación de los detenidos. Según el Foro Penal, en Venezuela hay 823 presos políticos, entre ellos 20 ciudadanos españoles de un total de 91 extranjeros o con doble nacionalidad.
El Ejecutivo venezolano y la Fiscalía insisten en que en el país “no existen presos políticos” sino personas condenadas por diversos delitos. Sin embargo, esta postura es rechazada por ONG y partidos opositores que denuncian una estrategia sistemática de persecución contra disidentes.