Por Miguel Vásquez, Secretario General de Soluciones Para Venezuela
Opinión
LA NUEVA ANTORCHA.— Es una verdad inocultable que los ingresos petroleros del país mermaron notablemente en los últimos 11 años. Esto fue producto de las sanciones y el bloqueo económico que, a través de más de 950 medidas coercitivas unilaterales, aplicó EE. UU., un cliente que históricamente había sido nuestro mercado más firme, de venta segura y pronto pago.
No conforme con suspender la compra de crudo, la venta de equipos y materia prima, así como con excluirnos del sistema financiero internacional, EE. UU. también presionó a otros 65 países para que cortaran relaciones comerciales y diplomáticas con Venezuela, bajo la amenaza de no permitirles negociar en su mercado de 350 millones de consumidores, frente a los 33 millones de nuestro mercado local.
En su engañoso relato, el gobierno del Norte se quejaba de que Venezuela vendía petróleo de manera irregular a China, Irán y otros compradores. Sin embargo, nadie se deja morir si tiene una opción de supervivencia; ¿cómo no iba a hacerlo el Estado si su principal comprador dejó de negociar unilateralmente bajo el argumento de que Venezuela era una «peligro para su seguridad nacional»? Esa decisión fue el inicio de nuestra debacle económica, a la que se sumaron la corrupción, el despilfarro, el debilitamiento de la OPEP y una dedicación casi exclusiva del Gobierno al tema político, descuidando el área económica, donde además privaron conceptos erróneos como la persecución y el maltrato a la empresa privada.
La Nueva Realidad
Con los sucesos del 3 de enero, existe una nueva realidad en el país. La política y la economía van de la mano, especialmente por las grandes expectativas que se han generado. Desde hace cuatro años, el Gobierno no otorga un aumento salarial, sino que ha compensado los ingresos mediante bonos. Si bien estos alivian ligeramente las demandas familiares, no son suficientes: no generan prestaciones, vacaciones, aguinaldos ni primas; es decir, carecen de las reivindicaciones relacionadas con el salario real e integral, que es una conquista histórica del movimiento laboral.
El artículo 91 de la Constitución describe claramente cómo debe definirse el salario en Venezuela. En este 2026, la expectativa económica anima a que la lucha por un sueldo digno regrese al centro del debate. Es contradictorio que, en el pasado, algunos sectores solicitaran aumentos mientras pedían más sanciones, pues en nuestro país el salario casi siempre ha estado vinculado al alza de la producción y de los precios petroleros. Hoy, ante la coyuntura del conflicto en el Medio Oriente, existen expectativas de mejora en dichos ingresos.
Un Llamado a la Acción Institucional
El Alto Gobierno no debe dar más largas a este asunto. Debe evitar que el conflicto escale y agilizar un debate franco con trabajadores y empresarios para alcanzar acuerdos tangibles y posibles, basados en la progresividad de la producción.
Los gremios han introducido un pliego de 17 puntos ante el Ministerio del Trabajo, la Fiscalía General y la Asamblea Nacional, pero aún no hay respuesta ni invitación al diálogo. En todo el país, los trabajadores se organizan de manera pacífica e institucional; sin embargo, el Gobierno sigue silente, limitándose a otorgar por cuenta propia un aumento del 25% en el «Bono de Guerra Económica».
El Riesgo de la Confrontación
Es preocupante que hoy, lunes 23, ante la convocatoria de gremios al Ministerio del Trabajo, los partidos del Polo Patriótico hayan decidido activar la estrategia de las «contramarchas» en los mismos puntos de inicio. Esto es una provocación que enrarece el clima de paz, justo cuando la reciente Ley de Amnistía se presenta como un paso hacia la reconciliación.
Desde el Gobierno, la oposición y la sociedad civil, debemos esmerarnos en utilizar métodos democráticos. En el conflicto per se, todos perdemos. Lo visto hoy es una invitación solapada a reeditar episodios de odio y violencia que ya dejaron secuelas de dolor. Hay que parar. No podemos ser meros espectadores de una nueva polarización.
Conclusión
Todos debemos aportar para evitar escenarios borrascosos. Los partidos, la Asamblea Nacional y la dirigencia gremial tenemos la palabra, pero la responsabilidad principal recae en el Ejecutivo Nacional como garante del orden y operador de las finanzas públicas.
El Gobierno debe invitar ya a los gremios a conversar, responder al pliego de los 17 puntos y presentar una oferta sensata y realista. Por su parte, los gremios deben actuar con la sindéresis y objetividad necesarias para tratar el tema salarial con base en la realidad económica del Estado.
¡Por Venezuela!