La disputa territorial entre disidencias de las FARC y el ELN en la frontera del Zulia intensifica la crisis de seguridad y el desplazamiento en la zona
Con información de Nota de Prensa
Nacionales
LA NUEVA ANTORCHA. — El municipio Jesús María Semprún, en el estado Zulia, se convirtió nuevamente en el epicentro de la violencia fronteriza tras el asesinato de cinco hombres a manos de grupos armados irregulares. Según reportes de la prensa local y testigos en la zona, el incidente es el resultado de una incursión de facciones identificadas como disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes habrían ingresado al territorio con el objetivo de desplazar a miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El enfrentamiento subraya una escalada en la guerra por el control de las rutas estratégicas y economías ilícitas en el eje fronterizo venezolano. Tras el cese de las hostilidades en el punto del conflicto, los cuerpos de las víctimas fueron recuperados y trasladados a la morgue del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Santa Bárbara del Zulia, donde se espera que las autoridades inicien las investigaciones pertinentes para la identificación de los fallecidos.
La situación ha generado una profunda alarma entre los sectores productivos de la región. Productores agropecuarios denuncian que la presencia de guerrilleros, tanto colombianos como venezolanos, junto a bandas criminales transnacionales conocidas como «trenes», ha despojado de toda seguridad a las unidades de producción. Los testimonios locales describen un escenario de vulnerabilidad extrema donde la extorsión a ganaderos y agricultores se ha convertido en la norma operativa de estos grupos.
A pesar de la gravedad de los hechos, la comunidad civil denuncia una preocupante inacción por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Relatos de los habitantes de la zona indican que los grupos irregulares transitan por las vías principales y alcabalas exhibiendo armamento de alto calibre sin enfrentar resistencia alguna. Esta percepción de abandono institucional ha debilitado la confianza en la capacidad de las Fuerzas Armadas para garantizar la soberanía y el orden público en el territorio nacional.
Este reciente episodio de violencia no solo engrosa las cifras de criminalidad en el estado Zulia, sino que también evidencia la complejidad de la crisis de seguridad en la frontera. La coexistencia de múltiples estructuras criminales que se disputan el control territorial mantiene a la población civil en un estado de confinamiento y zozobra permanente, mientras las instituciones encargadas de la defensa nacional enfrentan duros cuestionamientos sobre su efectividad y control real del terreno.