La iniciativa, catalogada como un acto de justicia social y de equidad contractual, busca unificar a todos los sectores dependientes del Ejecutivo regional en la exigencia de mejoras salariales de dignificación
Con información de Nota de Prensa
Regiones / Anzoátegui
LA NUEVA ANTORCHA. — En un firme pronunciamiento orientado a la dignificación del personal que sirve y sirvió al estado, se ha elevado formalmente ante la Gobernación la solicitud de asignación de un Bono Recreativo fijado en 100 dólares estadounidenses. Esta propuesta ha comenzado a generar una importante ola de apoyo dentro de la comunidad laboral, sustentada en análisis jurídicos e institucionales que catalogan dicha medida no como una simple compensación económica, sino como una restitución indispensable de los derechos fundamentales de los trabajadores, señaló Virgilio Heredia, presidente de la Asociación de Jubilados de la Gobernación del estado Anzoátegui.
La iniciativa cobró mayor fuerza tras la difusión del artículo titulado «Más que un bono, es un acto de justicia social», de la autoría del reconocido docente y abogado Pancho Aguilarte. El texto ofrece un sustento doctrinal y humano a la petición, invitando a la reflexión profunda sobre la realidad socioeconómica que atraviesa el sector público regional. El análisis resalta la urgencia de atender de manera prioritaria a quienes dedicaron su vida a la función pública y hoy se encuentran en situación de vulnerabilidad.
En este sentido, se hace un llamado directo e integrador a todos los jubilados, pensionados y personas con discapacidad dependientes de la Gobernación a unirse en torno a este reclamo, profundizando en el contenido del escrito y sumándose a su difusión masiva. La visibilización colectiva de esta demanda se plantea como la principal herramienta para concientizar a las autoridades regionales y a la opinión pública sobre la legitimidad de un beneficio que impactaría de manera directa en la calidad de vida de cientos de familias.
Asimismo, la convocatoria se extiende a todo el personal activo —docentes, empleados administrativos y obreros—, recordando que las políticas salariales deben regirse bajo la premisa constitucional y contractual de a igual trabajo, igual salario. La defensa de estas reivindicaciones no admite discriminación alguna entre activos y egresados, por lo que la cohesión de todos los sectores gremiales resulta determinante para consolidar un logro que sentará un precedente de equidad y respeto laboral en la región.