Por Juan Velásquez
Opinión
LA NUEVA ANTORCHA.—Tras casi tres décadas de la denominada «Revolución Bolivariana», el balance es una desinstitucionalización sistémica que ha transformado el ejercicio del poder en una preocupante anarquía.
La erosión de los mecanismos democráticos delegados por el soberano ha dado paso a un esquema signado por el nepotismo y el uso discrecional de las facultades públicas, derivando en un modelo de gestión nítidamente autocrático.
La premisa es clara: sin libertad ciudadana no existe democracia representativa y, mucho menos, una participación protagónica real. La insatisfacción social ha dejado de ser una percepción para convertirse en una realidad estadística del dominio público.
Actualmente, menos del 10% de la población respalda la gestión de la administración central, a la que perciben como incapaz e irresoluta; mientras tanto, el malestar se distribuye entre un 20% que se declara nada satisfecho y un 42% poco satisfecho, dejando apenas un margen inferior al 25% de aceptación.
Un rechazo que supera el 70% constituye, por sí mismo, un cuestionamiento terminal a la legitimidad del ejercicio gubernamental. A esto se suma la crisis de gobernabilidad derivada de los señalamientos internacionales por presuntos delitos graves, incluyendo narcotráfico, terrorismo y legitimación de capitales.
Ante la ausencia del Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Justicia ha pretendido calificar la situación bajo la figura de «ausencia forzosa», una categoría inexistente en nuestra Constitución vigente.
Resulta imperativo exigir el cumplimiento estricto del hilo constitucional. Transcurridos más de 90 días de irregularidad institucional, el camino hacia la relegitimación de los poderes públicos es ineludible. Es necesario retomar la senda de la Carta Magna para reinstitucionalizar el Estado y convocar a un proceso electoral general que devuelva la soberanía al pueblo.