La salida de Jhonny Amundaray del Ministerio Público se produce en medio de un escándalo por presunta extorsión y «justicia por encargo» que involucra desalojos forzosos e irregularidades procesales en la entidad
Con información de Nota de Prensa
Regiones / Anzoátegui
LA NUEVA ANTORCHA.— En un giro drástico para el sistema judicial del oriente del país, se ha conocido de manera extraoficial la destitución del Dr. Jhonny Amundaray como Fiscal Superior del estado Anzoátegui. La medida, que ha cobrado fuerza en círculos legales durante las últimas horas, respondería a una serie de cuestionamientos críticos sobre su desempeño al frente de la representación fiscal en la entidad. Aunque se aguarda por la confirmación oficial de las autoridades nacionales, la remoción ocurre en un contexto de alta tensión por denuncias de irregularidades administrativas.
Amundaray, quien hasta la fecha fungía como el funcionario de mayor jerarquía del Ministerio Público en el estado, era el encargado de coordinar las fiscalías y garantizar el acceso equitativo a la justicia. Durante su gestión, bajo los lineamientos de la fiscalía nacional, se proyectaron metas enfocadas en la lucha contra la corrupción y la protección de derechos fundamentales. No obstante, su liderazgo se vio empañado recientemente por diversos señalamientos que sugerían un presunto amparo a tramas que vulneraban la imparcialidad del sistema judicial regional.
Las acusaciones más severas describen una supuesta red de «justicia por encargo» y extorsión que operaría internamente en el estado. Reportes recientes indican que se le atribuye haber permitido una estructura de coacción que favorecería a grupos económicos y particulares, presuntamente ignorando decisiones y sentencias emanadas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Este esquema de presunto despojo judicial ha generado una ola de indignación entre víctimas y gremios, quienes denuncian que la ley se habría utilizado como una herramienta de presión privada.
Entre los detonantes de esta crisis institucional destacan casos específicos en las zonas sur y norte de Anzoátegui. En El Tigre, la Fiscalía Sexta fue señalada por presionar a ciudadanos vulnerables para el traspaso irregular de propiedades; mientras que existen otras denuncias en Puerto La Cruz.
Ante la gravedad de estos hechos, diversos sectores sociales exigen una intervención profunda por parte de las instancias nacionales para depurar la Fiscalía Superior de Anzoátegui. Los afectados solicitan auditorías exhaustivas sobre los expedientes de propiedad en disputa y el cese inmediato de cualquier persecución judicial injustificada contra trabajadores y familias. La salida de Amundaray, de ratificarse, representaría un paso crucial para restaurar la confianza ciudadana y la transparencia en las instituciones encargadas de velar por la justicia en el estado.
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