La pérdida del control estatal evoca realidades complejas del continente, desde la crisis de gobernabilidad en Haití hasta desafíos históricos como las guerrillas en Colombia o las facciones armadas en las favelas de Brasil
Informe Especial / WM
Sucesos
LA NUEVA ANTORCHA. — Analistas políticos y especialistas en seguridad regional han encendido las alarmas sobre el paulatino deterioro de la soberanía territorial en Venezuela, advirtiendo el riesgo latente de que el país derive en un esquema de gobernabilidad fallida. El debilitamiento institucional y la proliferación de zonas bajo el control de estructuras irregulares generan un paralelismo con el drama de Haití, donde las pandillas impusieron un vacío de poder estatal, marcando un contraste directo con vecinos regionales como la República Dominicana, cuyo gobierno encabezado por Luis Abinader ha priorizado el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la institucionalidad para blindar sus fronteras e impulsar el desarrollo socioeconómico.
El diagnóstico de los expertos señala que la penetración de grupos delictivos y bandas fuertemente armadas en diversas regiones del país evoca patrones preocupantes observados en la historia reciente de América Latina. En Colombia, el arraigo de grupos guerrilleros como el ELN y las disidencias de las FARC demostró lo complejo que resulta erradicar a actores armados cuando logran establecer economías ilícitas sostenibles; de igual forma, la experiencia de Perú con el accionar extorsivo de Sendero Luminoso dejó una lección histórica sobre el impacto devastador de la violencia política en el tejido comunitario.
Asimismo, la situación actual refleja dinámicas violentas que han afectado gravemente a otros países sudamericanos en los últimos años. Ecuador ha experimentado un vertiginoso incremento de la criminalidad debido a la inserción de carteles en sus puertos estratégicos, mientras que Brasil continúa enfrentando una dura batalla por recuperar el control territorial en las favelas dominadas por facciones del crimen organizado. En Venezuela, la convergencia de estos factores amenaza con consolidad zonas donde la ley del estado es sustituida por el arbitrio de los grupos irregulares.
Frente a este escenario, politólogos y defensores de derechos humanos destacan la urgente necesidad de implementar reformas institucionales profundas que restablezcan el monopolio legítimo de la fuerza y el Estado de derecho. La experiencia de naciones que han logrado estabilizar sus indicadores de seguridad demuestra que la clave radica en sanear los cuerpos policiales, depurar el sistema judicial y recuperar la confianza ciudadana mediante políticas públicas transparentes y efectivas.
Finalmente, los especialistas hacen un llamado a la comunidad internacional y a los actores políticos nacionales para abordar la crisis de seguridad desde una perspectiva integral. Alertan que, de no frenarse la expansión de las estructuras criminales y la degradación institucional, la estabilidad de la región caribeña y sudamericana continuará en permanente riesgo, comprometiendo el futuro económico, la paz social y el bienestar de millones de ciudadanos.