Héctor Simón Jiménez, dirigente sindical de Anzoátegui, insta a la Presidencia de la República a priorizar la restitución de las convenciones colectivas y la progresividad de los derechos laborales
Con información de Nota de Prensa
Regiones / Anzoátegui
LA NUEVA ANTORCHA.— El Secretario General del sindicato UREPANZ y presidente de la Comisión Electoral de Fetranzoátegui, Héctor Simón Jiménez, calificó como «fundamental» que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) deje sin efecto de manera definitiva el instructivo ONAPRE y el memorándum 2792. Estas declaraciones se producen en el marco de las nuevas acciones emprendidas por decanos y profesores de las universidades autónomas, quienes buscan la nulidad de medidas que, según el dirigente, violan flagrantemente la Constitución y las leyes vigentes.
Jiménez recordó que desde octubre de 2018, tras la reconversión monetaria de aquel año, el Gobierno Nacional impuso el memorándum 2792, el cual ha servido como «guía de congelamiento» de las contrataciones colectivas durante más de ocho años. “Se han suspendido derechos adquiridos, eliminando las diferencias salariales basadas en meritocracia, antigüedad y profesionalización. Bajo el argumento de ‘protección al empleo’, el Estado se arrogó la facultad de decidir qué beneficios eran racionales, lesionando gravemente el poder adquisitivo y violando el principio de progresividad laboral”, denunció.
El dirigente sindical criticó que, a pesar de las múltiples demandas interpuestas por los trabajadores, el TSJ ha declarado inadmisibles los amparos en sentencias previas (como la 0334 de 2021 y la 0700 de 2022), alegando errores de forma o falta de agotamiento de vías administrativas. Jiménez enfatizó que esta situación ha permitido que se mantengan medidas que destruyen las tablas salariales. Finalmente, hizo un llamado urgente a la Presidenta de la República en ejercicio para que incluya en su agenda prioritaria la derogación de estos instrumentos, con el fin de garantizar la estabilidad y la «mayor felicidad posible» para los trabajadores activos, jubilados y pensionados del país.