Ana Celeste Zorrilla, hija de la profesora de música Juanita Zorrilla (83), denunció la invasión de la vivienda de sus padres en Campo Sur, tras 40 años de servicio en la industria. El inmueble fue tomado por orden de la gerencia distrital de PDVSA mientras la docente se encontraba fuera del país por una emergencia médica. La familia exige la intervención del Fiscal General, Larry Devoe, ante este atropello contra los derechos de los trabajadores jubilados
Por Alexander Compiani
Regiones / Anzoátegui
LA NUEVA ANTORCHA.— La reconocida profesora de música, Juanita Zorrilla (83), fue víctima de la ocupación ilegal de su vivienda ubicada en la calle 600 de Campo Sur, en San Tomé, municipio Freites del estado Anzoátegui. El inmueble fue el hogar de la docente y su esposo por más de 40 años durante su trayectoria en la industria petrolera.
Ana Celeste Zorrilla, hija de la afectada, formuló la denuncia pública este domingo 15 de marzo, señalando directamente a Rubén Ruíz, funcionario de PDVSA e integrante de un comité de vivienda de la estatal, como el responsable de autorizar la acción sin previa notificación ni procedimiento legal.
Cronología de los hechos
Según el testimonio de la familia, las cerraduras del inmueble fueron violentadas el pasado 3 de marzo. Dos días después, la profesora Zorrilla recibió un mensaje de texto por parte de Ruíz, informándole que la vivienda había sido «asignada» bajo una supuesta medida de recuperación de espacios.
La denunciante explicó que la ausencia temporal de sus padres se debió a una emergencia médica en Chile, país donde lamentablemente falleció su padre. Al regresar a Venezuela tras su recuperación, la profesora Juanita se encontró con que la gerencia distrital de PDVSA había ordenado la toma del inmueble, ignorando su estatus de jubilada con cuatro décadas de servicio.
Exigen justicia al Fiscal General
Zorrilla aseguró que elevará el caso ante el Fiscal General de la República, Dr. Larry Devoe, para que se inicie una investigación penal contra el funcionario actuante. Denunció que la ocupación se realizó con todos los muebles, enseres y objetos de valor de la familia en el interior, lo cual constituye un delito.
»Mis padres dieron su vida a la empresa. PDVSA no se ha preocupado por pagar el fondo de pensiones ni otras deudas pendientes con ellos, pero ahora deciden desalojar a una mujer de 83 años», fustigó la hija de la afectada.
Aunque para el lunes 17 de marzo se pretendía concretar el desalojo de los bienes familiares tras la invasión de una persona favorecida por la gerencia, la familia Zorrilla mantiene su exigencia de justicia y solicita a la directiva nacional de la estatal petrolera analizar este atropello contra sus trabajadores jubilados.
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