Con un respaldo popular cercano al 90% en Venezuela a su ejecución, el proceso por narcoterrorismo entra en su fase crucial mientras la defensa alega «secuestro» y el entorno chavista teme el efecto dominó
Con información de Nota de Prensa
Internacionales
LA NUEVA ANTORCHA.— El sistema judicial de los Estados Unidos se prepara para lo que juristas y analistas han denominado el «Juicio del Siglo». Tras su captura el pasado 3 de enero en Fuerte Tiuna, Nicolás Maduro comparecerá nuevamente ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York el próximo 26 de marzo.
Este proceso, que lo señala como líder de «mafias de narcos», no solo busca determinar su responsabilidad en el envío de toneladas de cocaína a territorio estadounidense, sino que representa el desmoronamiento de una estructura de poder que gobernó Venezuela por más de una década.
El mundo observa con atención una audiencia que definirá el futuro político de la región y los límites de la justicia transnacional.
Apoyo y rechazo: Un país que anhela justicia
A nivel nacional e internacional, las opiniones están fuertemente polarizadas, aunque las cifras en Venezuela muestran un deseo mayoritario de cambio:
- En Venezuela: Encuestas recientes (como las difundidas por canales especializados y sondeos de opinión en enero de 2026) indican que un 89% de los venezolanos respalda las acciones judiciales y ve la captura como una oportunidad de «liberación». Solo un 18% de la población manifiesta algún grado de oposición a la intervención estadounidense, principalmente dentro del núcleo duro del funcionariado.
- A nivel Internacional: La opinión es más dividida. Mientras la OEA y gobiernos aliados celebran el fin de la impunidad, en Europa el sentimiento es mixto. Por ejemplo, en España, un 61,5% de la población teme que este tipo de intervenciones militares para capturas judiciales pongan en peligro la «paz mundial», aunque una mayoría reconoce la naturaleza autoritaria del régimen.
¿Qué se espera y qué condena enfrenta?
La Fiscalía de Nueva York ha construido un caso sólido bajo la Ley RICO (contra organizaciones corruptas), lo que permite juzgar al gobierno de Maduro como una empresa criminal.
- La Condena: De ser hallado culpable de los cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y uso de armas de guerra, Maduro enfrenta una pena mínima de 30 años y una máxima de cadena perpetua.
- La Defensa: Sus abogados, liderados en parte por argumentos de inmunidad soberana, intentan calificarlo como un «prisionero de guerra» y denuncian un «secuestro» ilegal que violaría el derecho internacional, estrategia que el juez Alvin Hellerstein ha desestimado en las audiencias preliminares.
El miedo al «efecto salpicadura»
El pánico ha comenzado a filtrarse en las altas esferas del chavismo y sus aliados internacionales. El juicio amenaza con «salpicar» y revelar pruebas contra figuras clave:
- Cilia Flores: Ya detenida y bajo proceso, sus vínculos con el tráfico de influencias y el caso de sus sobrinos son piezas clave.
- Nicolás Maduro Guerra: Las investigaciones sobre la gestión de las minas de oro y la economía de saqueo lo sitúan en el ojo del huracán.
- Cúpula Militar y Judicial: Figuras como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López vigilan con nerviosismo, ya que el intercambio de pruebas y posibles delaciones de otros implicados podrían generar nuevas órdenes de captura internacionales.
- Socios Externos: Las redes de financiamiento en Rusia, China e Irán están bajo la lupa, temiendo que el juicio exponga mecanismos de lavado de dinero que afectan sus propios intereses financieros.
La audiencia del 26 de marzo no es solo un trámite legal; es el termómetro de una transición inestable en Venezuela y el inicio del fin para una era marcada por la opacidad y el conflicto social.