Por Carlos Velásquez / Abogado y activista político-social
Opinión
LA NUEVA ANTORCHA.— Los eventos del pasado 3 de enero marcaron el inicio del renacimiento democrático en Venezuela y el retorno de la ansiada libertad. Este proceso, aunque incipiente, avanza con una celeridad asombrosa y una posibilidad real de éxito. Sin embargo, debemos entender que estamos ante una transición con características inéditas, cuyos tiempos y actores responderán a una circunstancia histórica sin precedentes.
El Ius Puniendi como arma de opresión
El saldo de la dictadura en Venezuela es dantesco. Como abogado, debo centrarme en la tragedia derivada del ejercicio abusivo de la fuerza del Estado, lo que en Derecho conocemos como el Ius Puniendi.
El Estado posee el monopolio de la persecución penal, pero su ejercicio está estrictamente supeditado al acatamiento de la ley y las garantías constitucionales. En Venezuela, la privación de libertad debe ser excepcional. No obstante, el chavismo transformó esta facultad en una herramienta de depravación institucional. Desde el año 2000, la figura del preso político se convirtió en una constante, bajo un modus operandi que no distinguió género, edad, posición social ni ideología.
El origen de la impunidad y el terror institucionalizado
La génesis de este uso abusivo del sistema de justicia la encontramos en el mismo Hugo Chávez, quien desde sus alocuciones televisivas ordenaba detenciones arbitrarias, como la de Iván Simonovis, ejecutada sin orden judicial previa. Esta práctica fue replicada por sus acólitos, degenerando en una persecución generalizada donde cualquier funcionario, desde un policía extorsionador hasta un militante ofendido por un mensaje en redes sociales, podía activar la maquinaria represiva.
Bajo el madurismo, este horror se perfeccionó. Se constituyeron asociaciones delictivas integradas por policías, fiscales, jueces y carceleros, normalizando la tortura sistemática en todos los centros de reclusión.
El Helicoide: El infierno en vida y su valor probatorio
El Helicoide se erigió como el epicentro del horror. Sobrevivientes dan fe de electrocuciones, abusos sexuales, privación del sueño, asfixias y aislamientos prolongados, mientras sus familias eran extorsionadas sistemáticamente.
Hoy, ante los anuncios de cambio de uso de estas instalaciones, debemos ser enfáticos: El Helicoide es, desde el punto de vista criminalístico, una invaluable escena del crimen. Es el espacio físico donde se hallan las evidencias fundamentales de miles de delitos de lesa humanidad.
«Transformar o cerrar el Helicoide sin un peritaje previo no es un acto de progreso, es una destrucción deliberada del acervo probatorio. Hacerlo constituiría una legitimación de la tortura por omisión.»
Exigencias para una justicia transicional verdadera
Para que Venezuela logre una paz y reconciliación auténticas, es imperativo:
- Preservar y aislar el área física de El Helicoide y otros centros como Rodeo y Yare, para permitir el procesamiento técnico de pruebas.
- Establecer la cadena de mando y la identidad de cada funcionario (policía, fiscal o juez) que participó en estos crímenes.
- Recopilar testimonios y evidencias in situ: documentos, expedientes, dispositivos electrónicos y restos biológicos.
- Intervención Internacional: Instamos a la comunidad internacional y a la Encargada de Negocios en Venezuela, Sra. Laura Dogu, a coordinar visitas técnicas urgentes a estos recintos para dejar constancia de las condiciones de secuestro de las víctimas.
Solo a través de la verdad, el castigo ejemplarizante a los culpables y la indemnización a las víctimas, podremos enviar un mensaje claro a las generaciones futuras: el ejercicio irresponsable y criminal del poder tiene consecuencias.
¡Justicia, verdad y libertad plena para todos los presos políticos!