Por: Alberto García Sánchez
Sección: Opinión
LA NUEVA ANTORCHA. — La indignación en Venezuela no es nueva, pero sí su intensidad. Año tras año hemos visto desfilar nombres, pruebas, confesiones y sentencias por corrupción, donde los involucrados son exfuncionarios de PDVSA, ministerios, gobernaciones, organismos autónomos y hasta expresidentes vinculados al Banco Central. Muchos de ellos cumplen condenas en prisiones dentro y fuera del país. Sin embargo, la indignación choca recurrentemente contra una pregunta tan simple como punzante: ¿dónde están los reales? Es decir, ¿dónde está la recuperación efectiva del dinero y de los bienes robados que, según organismos multilaterales como el FMI y el Banco Mundial, podrían aliviar —cuando menos en parte— la severa crisis económica que padecemos?
No obstante, conviene separar el asombro moral del análisis práctico. Moralmente, la trama de saqueo es insoportable: recursos públicos que debieron destinarse a salud, educación, servicios básicos e infraestructura acabaron en lujos privados, cuentas offshore y empresas fachada. La narrativa pública suele focalizarse en la culpa individual —y en muchos casos con sobrada razón—, pero el foco sobre los rostros de los culpables tiende a eclipsar la cuestión verdaderamente sanitaria: la restitución. La sociedad exige justicia penal, pero la restitución de activos es la justicia económica que devolvería la vida a los servicios colapsados.
La realidad es que recuperar activos constituye un proceso técnico, jurídico y geopolítico de alta complejidad. Las operaciones de rastreo financiero cruzan jurisdicciones que no siempre cooperan entre sí; los sistemas legales de los países receptores difieren en prioridades y recursos, y las estructuras de ocultamiento (como trusts, sociedades pantalla y testaferros) dificultan la obtención de pruebas sólidas. Además, algunos procesos terminan en acuerdos opacos: decomisos que no se traducen en una repatriación efectiva o transferencias que terminan perdiéndose en la maraña burocrática local. En suma, la transparencia y la voluntad política son tan importantes como la ley misma.
Por supuesto, no todo es culpa de la cooperación internacional. Internamente existen fallas graves como la ausencia de registros públicos claros, la debilidad institucional en la gestión de los bienes recuperados y la falta de una estrategia nacional que priorice la reparación social. Recuperar un edificio o una cuenta bancaria es apenas la primera etapa; el segundo paso —administrarlo con el fin de que sirva al interés público— suele fallar estrepitosamente debido a la politización, el clientelismo o la simple mala administración. El ciudadano que reclama los «reales» no se conforma con ver nombres en los titulares; quiere hospitales equipados, suministro constante de gas doméstico, pensiones mínimas reales y escuelas decentes.
Aquí emerge otra arista: la narrativa oficial. En ocasiones, los comunicados gubernamentales sobre bienes recuperados se mezclan con propaganda política, presentando cifras brutas sin explicar el estado real de esos activos o su destino final. Esto, inevitablemente, alimenta el escepticismo. Si el Estado asegura haber recuperado millones de dólares pero esto no impacta en la vida cotidiana, la ciudadanía concluye que lo recuperado no llega o simplemente se desvía. La transparencia no es un ejercicio retórico: exige balances públicos, auditorías independientes y mecanismos claros de rendición de cuentas sobre cada activo rescatado.
¿Qué podemos exigir como sociedad?
En primer término, independencia y recursos para las unidades especializadas en recuperación de activos: fiscales, procuradurías y agencias que coordinen directamente con sus contrapartes internacionales, con acceso a peritajes financieros y equipos jurídicos de primer nivel. Asimismo, se requiere la implementación de mecanismos legales que faciliten una repatriación rápida y segura, evitando trámites que eternicen las decisiones. Igualmente, es imperativa la creación de un fideicomiso público con reglas claras, donde el patrimonio recuperado tenga un destino explícito: salud, educación y programas sociales bajo estricta auditoría ciudadana. También es fundamental realizar inventarios públicos, actualizaciones periódicas y aplicar severas sanciones por la malversación de lo recuperado.
Por otra parte, no todo depende del gobierno central. La sociedad civil organizada, la prensa de investigación y la cooperación internacional deben mantener la presión. Los medios de comunicación debemos exigir no solo nombres, sino un seguimiento riguroso: desde el expediente judicial hasta la cuenta bancaria y el proyecto social que utiliza esos recursos. Las organizaciones civiles, por su parte, pueden auditar y verificar que los fondos se traduzcan en resultados tangibles. La cooperación internacional debería condicionar su asistencia a garantías reales de uso transparente de los bienes recuperados, y no limitarse a meros reportes de decomisos.
Finalmente, es necesario reconocer que la recuperación de activos no es una panacea. Aunque se rescataran sumas multimillonarias, la magnitud del daño institucional y la emergencia humanitaria exigen reformas profundas: el fortalecimiento del Estado de derecho, la independencia judicial y una cultura de integridad en la gestión pública. Pero, sin duda alguna, recuperar lo robado es un paso imprescindible y urgente. Es la pieza del rompecabezas que convierte la sanción en una verdadera reparación.
Los venezolanos merecemos algo más que titulares de prensa y promesas vacías. Merecemos ver los reales en funcionamiento: hospitales abiertos y dotados, maestros cobrando sueldos justos y jubilaciones dignas.