Campesinos de la Cooperativa Tromson en Calabozo, Guárico, denuncian ser víctimas de un violento despojo de sus tierras productivas, que ocupaban desde hace 21 años. Acusan a terratenientes protegidos por el exgobernador José Vásquez, y señalan la complicidad de funcionarios del INTI, un juez agrario y un defensor agrario en el conflicto, que ha paralizado la producción de maíz y afectado a sus familias
Por Alexander Compiani
Regiones / Guárico
LA NUEVA ANTORCHA.- Un grupo de campesinos pertenecientes a la Cooperativa Tromson del estado Guárico fueron víctimas de atropellos para ser despojados de sus tierras de producción agrícola que ocupaban desde hace 21 años, mediante un acto violento.
Las familias campesinas fueron desplazadas de sus predios productivos por terratenientes presuntamente protegidos por el exgobernador José Vásquez.
Los señalados son miembros de la Asociación de Alimentos Proven, J-500469403, constituidos por Uriel Pérez, César Zerpa, Rosa Di Frasco, el general (r) Javier Enrique González Gallardo, y el árabe Mohamed Mansour El Khadri. Este último se ha encargado de atropellar a los campesinos de las fincas La Conotera, Lavanderos y Capricho, en el sector Puertas de Mapurite, parroquia El Rastro, municipio Francisco de Miranda, estado Guárico.
Los integrantes de dicha Cooperativa, Flerida Díaz (presidenta), Ferrer Evangelisto Monasterio, Carlos Andrés García, Henry Lisandro Colmenares, y Yexin Euclides Navas, formularon la denuncia pública y pidieron la intervención de los representantes del gobierno nacional del Presidente Nicolás Maduro Moros, y del fiscal general Tarek William Saab, para que resuelvan esta delicada situación que se vive en el Guárico.
Se observa aquí el abuso de poder por parte de estos grupos de terratenientes, quienes desalojan a productores ocasionando cuantiosas pérdidas a las familias que pertenecen a la referida Cooperativa, alegaron.
Explicaron que «los que quieren ocupar estas tierras con la complicidad de representantes del INTI y un juez agrario, están sepultando el ambicioso plan de siembras de maíz en los sectores rurales La Conotera Nro. 30, Capricho Nro. 39-40, y Los Lavanderos Nro. 36-A, en el sector Puertas de Mapurite, parroquia El Rastro, municipio Francisco de Miranda».
Reiteraron que los responsables directos de esta problemática son funcionarios del INTI, el juez agrario y el exgobernador José Vásquez, quienes estarían favoreciendo a los referidos terratenientes.
Añadieron que este atropello y abuso por parte del INTI y del juez agrario condujo al cese de la productividad de los campesinos, afectando a sus familias.
El conflicto se inició en el año 2023, y en 2024 se le otorgó el título de adjudicación al Sr. Mohamed. En el presente año 2025, la situación se agudiza en virtud de las presiones ejercidas, incluyendo el cierre del portón de la finca, impidiendo la entrada y salida de los campesinos, quienes producen la tierra en aras de contribuir con la política agroalimentaria del país, precisaron las víctimas del despojo.
Las tierras se encuentran localizadas a orillas de la carretera, cerca del puente y de la represa de Calabozo, las cuales representan un activo de gran valor.
Agregaron los denunciantes que estos terratenientes, aprovechando sus influencias ante el Tribunal de Primera Instancia Agraria, Circunscripción Judicial del estado Guárico, lograron que el juez titular, César Atahualpa Yupanky Galeano Martínez, acordara una medida cautelar provisional a la actividad agrícola a favor del árabe Mohamed Mansour El Khadri.
Este Juzgado dejó constancia de que realizó una inspección judicial, encontrándose con productores de la Cooperativa Tromson de Venezuela, y emitió una medida «exprés», sin cumplir con los requisitos esenciales de la norma, ya que el mismo día de la inspección decretó la decisión.
Este juez fue denunciado ante el Ministerio Público por actos de corrupción y por causar daños a los productores, quienes han trabajado las tierras en producción de maíz por más de 21 años.
También ha participado en este abuso de poder contra los campesinos el defensor agrario, Sr. Barona, aprovechándose de sus funciones para prevaricar en contra de los campesinos.
Para finalizar, los integrantes de la Cooperativa Tromson denunciaron que las tácticas dilatorias, órdenes judiciales dudosas, el cierre del portón de la finca, daños patrimoniales y psicológicos, y amenazas, constituyen una violación de las leyes y la Constitución Bolivariana de Venezuela.