Por Ronny Leonardo Padrón Pérez
Opinión
LA NUEVA ANTORCHA.- Al día de hoy debería ser esa y no otra la premisa de la resistencia democrática venezolana encabezada por la Ing. María Machado, en coordinación con el Lic. Edmundo González Urrutia, presidente electo de la República de Venezuela en los comicios del 28J.
Transcurridos como han sido los primeros 15 días desde el evento electoral en cuestión resulta evidente la intención del régimen de facto socialista acá dominante por continuar usurpando el poder haciendo caso omiso de todas las pruebas que certifican la victoria comicial de la resistencia democrática, y para ello se vale de su herramienta más eficiente a tales efectos: el transcurso del tiempo, doblegando a la sociedad venezolana ya exhausta de tanto sacrificio, y una comunidad democrática internacional que se desentienda del caso venezolano fijando su mirada en problemas de más relevancia.
En tal sentido es del todo comprensible la intervención de los presidentes socialistas de Brasil, México y Colombia como negociadores espontáneos, buscando salidas pacíficas a la negativa del PSUV; gestiones que pasados los días develaron una intención de retardar el proceso político en curso, como cabía esperar entre sempiternos aliados. Superada esa gestión oficiosa resulta obligante pasar a otra etapa habida cuenta la violación sistemática de los derechos humanos contra todo venezolano en resistencia política al PSUV.
Así entonces vale señalar algunas de las prerrogativas a disposición de la jefatura política democrática conforme al ordenamiento jurídico nacional e internacional a saber: solicitud de reconocimiento político para el Lic. González Urrutia en su carácter de presidente electo, por parte de toda la comunidad democrática internacional. Significará una importante limitación para la usurpación socialista en su ejercicio de relaciones internacionales y el consabido efecto económico. Una vez obtenido el precitado reconocimiento será procedente la formal solicitud presidencial de una aplicación rigurosa de medidas cautelares contra todo patrimonio material de la jerarquía militar hoy al servicio del PSUV, que se hallare bajo la jurisdicción de la comunidad democrática internacional. Resulta obvio que a lo inmediato esa fuerza militar rebajará su lealtad ante la merma de beneficios crematísticos.
Un siguiente paso en esa tratativa bien podría ser el acuerdo internacional entre el gobierno legítimo de la República de Venezuela y los Estados Unidos de América, debidamente sancionado por la Asamblea Nacional electa en 2015, para que los organismos policiales competentes del país norteamericano ingresen a suelo patrio con el solo objetivo de arrestar a todos los personeros del régimen de facto procesados judicialmente por delitos administrativos, tráfico ilícito de drogas y terrorismo.
De colofón, según el grado de contumacia que manifieste el PSUV no debe descartarse la conformación según la Carta Magna, de una fuerza militar ad hoc por parte del gobierno legítimo de la República de Venezuela que haga viable el restablecimiento pleno de la Constitución. Todo lo anterior queda condicionado a una sola premisa: la voluntad de obrar y vencer por parte de una jefatura política destacada precisamente por su determinación. Oración y trabajo.
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