Por Ronny Leonardo Padrón Pérez
Opinión
LA NUEVA ANTORCHA.- A partir de ahora, con la reciente prohibición de compra para el petróleo venezolano por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, próxima a entrar en vigencia, el Presidente Electo Lic. Edmundo González Urrutia y su Vicepresidente designada Ing. María Corina Machado Parisca, deben proceder en consecuencia y de manera perentoria.
Porque se trata de la restricción económica más importante para el PSUV desde el 11 de abril de 2002, un régimen político de facto con jerarcas reconocidos por la comunidad democrática internacional como responsables de terrorismo, tráfico de drogas, violación sistemática a los derechos humanos, y delitos administrativos, causas tan graves como para ofrecer millonarias recompensas por su captura y entrega en tribunales penales extranjeros. Es decir, la escena está servida para una aceleración de la espiral inflacionaria y otra previsible convulsión social habida cuenta la precariedad del PSUV, cuyo único sostén político lo representa su fuerza militar y policial.
Sin embargo, el predecible empeoramiento de la vigente catástrofe económica criolla con su indeseable saldo letal por hambre, enfermedad y hampa, sumado a la inevitable afectación de la fuerza militar y policial-PSUV en sus intereses crematísticos, no representa sentencia definitiva para el régimen de facto acá dominante, porque si a ver vamos se trata de la misma miseria que caracteriza a la isla-cárcel Cuba desde 1959.
Por ello exhortamos una vez más al recién electo gobierno constitucional de la República de Venezuela para que gestione lo conducente a su juramentación ante la Asamblea Nacional legítima, electa en 2015, así fuere por vía telemática, y constituya de seguidas un gobierno de transición democrática y unidad nacional, en el exilio, con ministros patriotas en capacidad y disposición de organizar el restablecimiento pleno del orden constitucional empleando para ello todos los recursos jurídicos y políticos, materiales y humanos, contemplados al efecto en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, necesarios al cese de la usurpación en suelo patrio. Oración y trabajo.
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