Por Ronny Leonardo Padrón Pérez
Opinión
LA NUEVA ANTORCHA.- El conflicto sociopolítico que diezma a la República de Venezuela desde el 11 de abril de 2002 presenta características que aun siendo comunes a este tipo de luchas no dejan por ello de impactar el proceso de pensamiento. Una de tales peculiaridades estriba en el clientelismo. Es bien sabido que a partir de la estatización del negocio petrolero el 1ro de enero de 1976 la mediocridad gobernante se dedicó a engrosar la nómina del Estado en la totalidad de sus niveles político territoriales porque le garantizaba apoyo popular en específico del tipo electoral, a sabiendas que se trataba de una práctica contraria a los intereses nacionales.
Aquel clientelismo hizo yunta con el conocido estatismo ese que a partir de la ¨Venezuela saudita¨ hizo del Estado nacional un ¨paquidermo burocrático¨ de dimensiones inéditas. La ineficiencia y el latrocinio inherente certificaron el final de la república democrática el 6 de diciembre de 1998 con una interesante paradoja: aquellos vicios de la partidocracia resultaron sostenidos y potenciados con el régimen de facto-PSUV, no como la tara del sistema político, sino más bien como la herramienta fundamental para el sostenimiento del status quo, haciendo total abstracción del bien común.
En ese contexto del Estado patrono en su máxima expresión, con niveles de eficiencia y transparencia administrativa destacados por su mediocridad y opacidad, encontramos una nómina estatal que actualmente ronda los 6 millones de asalariados en todos sus niveles político territoriales, desde barrenderos hasta militares, pasando por médicos, policías, políticos, becarios, todos venezolanos adultos, conocedores de la naturaleza delictiva del grupo organizado dominante en Venezuela, su empleador, cuya jefatura se encuentra perseguida por tribunales extranjeros en virtud de sus relaciones non sancta con el tráfico de drogas, el terrorismo y la violación sistemática de los derechos humanos como política de Estado, que sin embargo continúan cobrando un salario a manos de ese patrono antisocial, el que además les somete a padecer bajo condiciones laborales contrarias a la dignidad humana.
Ese paradigma del absurdo, hoy reinante sobre el contingente asalariado del PSUV, es un producto legítimo de aquellos vicios de la democracia, capaces sí de horadar cualquier vestigio ético de un cuerpo social, nómina que no por casualidad constituye sostén del sistema político dominante. Será imposible la restauración plena del orden constitucional en la República de Venezuela si el nuevo Estado Democrático resultare conformado por alguno de estos asalariados que por el solo hecho de integrar la nómina de un régimen de facto deberían quedar jurídicamente inhabilitados de por vida para laborar dentro del Poder Público venezolano. Prohibido olvidar. Oración y trabajo.
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