Tras siglos de dependencia extractiva, el país afronta el colapso de su modelo rentista en medio de una feroz disputa geopolítica internacional
Por William Miquilena CNP 9192
Nacionales
LA NUEVA ANTORCHA. — La historia económica de Venezuela ha estado marcada por la paradoja de poseer una riqueza natural incuestionable en el subsuelo que rara vez se ha traducido en un bienestar sostenible para su población. Desde los tiempos de la colonia con el monopolio del cacao, pasando por la expansión cafetalera del siglo XIX y el posterior estallido petrolero en 1922, el país estructuró un modelo dependiente de la exportación de materias primas. Esta dinámica consolidó un Estado centralista y rentista que, lejos de diversificar su aparato productivo, acostumbró a la nación a importar lo que consumía, destruyendo progresivamente el campo y la iniciativa industrial interna.
La reciente fiebre de los llamados «minerales estratégicos», como el coltán, el oro y las tierras raras en el Arco Minero del Orinoco, no ha hecho más que repetir este patrón histórico bajo condiciones aún más precarias. La profunda crisis del sistema educativo nacional y la falta de tecnificación han privado a los jóvenes venezolanos de las herramientas científicas necesarias para procesar y dar valor agregado a estos recursos. Al carecer de la capacidad técnica y de un marco institucional sólido, la explotación queda en manos de mafias locales o concesiones extranjeras, perpetuando el viejo drama de un pueblo empobrecido que atestigua cómo la riqueza es extraída sin dejar desarrollo a su paso.
El quiebre del tablero político ocurrido a principios de este año introdujo a Venezuela en una de las fases de mayor incertidumbre de su historia republicana contemporánea. El territorio nacional se ha convertido en el escenario de una pugna abierta entre potencias globales de línea dura; mientras la administración estadounidense de Donald Trump busca asegurar el control energético y reactivar el flujo de crudo en su área de influencia, Rusia y China defienden agresivamente las millonarias inversiones y contratos mineros acumulados durante las últimas décadas. En medio de este choque de intereses, la soberanía nacional se diluye ante la indefensión de una ciudadanía agotada.
A nivel interno, la realidad de las calles venezolanas contrasta dramáticamente con los discursos de las grandes potencias y las cúpulas políticas. Décadas de corrupción, malas gestiones y desatención estructural han dejado como herencia servicios públicos colapsados, un sistema eléctrico en terapia intensiva, una vialidad destartalada y salarios públicos pulverizados que no cubren la canasta básica. El ciudadano común enfrenta el día a día en una economía fragmentada, donde la subsistencia depende más del esfuerzo individual y de las remesas que de las garantías que el propio Estado debería ofrecer.
Ante el complejo panorama actual, el futuro de Venezuela depende de la capacidad de articular una transición real que supere la simple estabilidad petrolera pactada bajo cuerda. Para reconstruir el tejido social y económico, el país necesita ir más allá del debate sobre quién administra el subsuelo; requiere con urgencia rescatar sus instituciones educativas, dignificar el trabajo y generar la seguridad jurídica necesaria para atraer inversiones reales. Solo rompiendo el ciclo de la dependencia extractiva y empoderando el talento humano de su juventud, la nación podrá finalmente salir de la ruina y dejar atrás la dolorosa herencia de la riqueza vacía.