Por Soc. José Manuel Salazar M.
Oposición
LA NUEVA ANTORCHA. — El anuncio del presidente estadounidense Donald Trump sobre un acuerdo para que empresas de EE. UU. asuman el «control mayoritario» de 65.000 millones de barriles de reservas de petróleo venezolanas se mueve en una línea legal sumamente delgada y cuestionable.
En las últimas horas, hemos tenido conocimiento de la firma del acuerdo petrolero más trascendental en la historia de nuestra nación. Desde el exterior, se informa que Estados Unidos asumirá el «control mayoritario» de 65.000 millones de barriles de nuestro crudo; internamente, la narrativa oficial lo presenta como un importante logro en materia de inversiones. Sin embargo, la realidad objetiva es muy distinta: se están distribuyendo los recursos que pertenecen a las presentes y futuras generaciones, mientras la ciudadanía enfrenta graves dificultades económicas e institucionales.
¿En esto consistía la soberanía?
Durante años prevalecieron discursos orientados a «defender la patria» y «rechazar el injerencismo». Hoy presenciamos cómo, con marcada inconsistencia ideológica, se ceden los principales activos energéticos del Estado a corporaciones extranjeras para resguardar intereses políticos coyunturales. Esto no constituye un acto de soberanía, sino el comprometimiento del futuro nacional. Representa el agotamiento anticipado de recursos destinados a la infraestructura pública, el sistema de salud y la restitución del poder adquisitivo del salario.
Es imperativo desmontar el mito de la tutela externa. El liderazgo de Donald Trump atiende primordialmente a la geopolítica y a los intereses de su propia nación, orientados a la estabilización de los precios de los combustibles y al suministro energético estratégico en un contexto global complejo. Las potencias internacionales actúan por pragmatismo, no por filantropía. Asumir que un actor externo resolverá la crisis estructural venezolana perpetúa un sesgo de autoengaño.
La reconstrucción institucional y económica corresponde de manera exclusiva a la ciudadanía venezolana. Ni las corporaciones ni los acuerdos opacos suscritos al margen de la sociedad devolverán la dignidad al país. El valor patrimonial de Venezuela no radica únicamente en sus reservas de hidrocarburos, sino en la capacidad de su talento humano y su fuerza laboral.
Si bien la reversión legal de estos acuerdos en el marco del derecho internacional e interno es técnicamente viable mediante mecanismos arbitrales y judiciales legados al estado de derecho, la acción prioritaria radica en el ámbito ciudadano.
Resulta fundamental exigir transparencia gubernamental, rechazar el populismo y asumir que la viabilidad económica de la nación no debe ser objeto de negociación a puerta cerrada.
Es momento de actuar con responsabilidad histórica: una nación que compromete sus recursos estratégicos sin la debida consulta y legitimidad ciudadana, hipoteca de forma definitiva su desarrollo.