Con información de Nota de Prensa
Internacionales
LA NUEVA ANTORCHA.— Un nuevo escándalo de corrupción y presunta legitimación de capitales vuelve a situar a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en el ojo del huracán. La ONG Coalición de Exiliados en Paraguay y Argentina, bajo la representación de Marcos Rafael Maldonado, ha formalizado denuncias ante instancias internacionales y locales tras detectar un presunto esquema de estafa vinculado a la comercialización ilícita de inmuebles y activos empresariales en suelo paraguayo.
Desacato judicial en Lambaré: El caso Puerto Pabla
El foco de la denuncia se centra en un terreno estratégico ubicado en la zona de Puerto Pabla, ciudad de Lambaré. Según los expedientes judiciales presentados, este inmueble ya fue adjudicado legalmente a favor de la firma UENO Holding S.A.E.C.A. tras un remate ordenado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral de Luque.
A pesar de que el tribunal despojó de derechos de ocupación a las firmas Naviera Conosur S.A. y Fluvialba Paraguay S.A. (ambas satélites de PDVSA), un grupo de altos funcionarios venezolanos estaría intentando vender la propiedad de manera fraudulenta.
Los rostros del esquema: Jerarcas y empresas fantasma
La denuncia señala directamente al Ing. Ronny Romero, Vicepresidente de Asuntos Internacionales de PDVSA, y a Diego David Capraro Chávez, presidente de Naviera Conosur y Fluvialba Paraguay, como los cabecillas de este intento de desconocer la soberanía judicial paraguaya.
Además de la propiedad, estarían ofreciendo de manera irregular el paquete accionario de Fluvialba International Ltd., una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas que actualmente figura como disuelta tras una baja forzosa. Cabe destacar que exdirectivos de esta firma ya enfrentan investigaciones globales por fraude y lavado de dinero.
Sombras financieras: USD 10 millones anuales sin rastro comercial
Uno de los puntos más alarmantes de la investigación refiere a los movimientos financieros de las filiales de PDVSA en Paraguay. A pesar de no registrar actividad comercial visible —debido en parte al bloqueo de EE. UU.—, se han detectado movimientos superiores a los 10 millones de dólares anuales.
- Opacidad fiscal: No existen constancias públicas de declaraciones ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
- Deuda social: Se denuncia el impago de salarios y aportes al Instituto de Previsión Social (IPS) adeudados desde el año 2017, afectando directamente a trabajadores paraguayos.
Febrero: Mes clave para la quiebra y embargos
El cerco legal se cierra sobre PDVSA Argentina y sus ramas paraguayas. Para el mes de febrero están previstas audiencias cruciales por pedidos de quiebra. De proceder, un síndico general tomaría posesión de activos no solo en Paraguay, sino también de participaciones en Brasil y Argentina, mientras acreedores internacionales impulsan embargos preventivos sobre bienes en el extranjero.
Llamado a la soberanía institucional
La Coalición de Exiliados ha solicitado la intervención inmediata de las autoridades paraguayas para frenar lo que consideran un «atropello a la seguridad jurídica del país». Exigen que se proteja el patrimonio de las familias trabajadoras y se respete el fallo judicial que otorgó la propiedad a manos privadas, impidiendo que el esquema de corrupción vinculado a Nicolás Maduro continúe operando impunemente en la región.