El país enfrenta una profunda incertidumbre constitucional ante la ausencia absoluta, mientras la comunidad internacional y la presión interna exigen elecciones inmediatas y transparentes
Por William Miquilena CNP 9192
Nacionales
LA NUEVA ANTORCHA. — Al cumplirse este 3 de junio exactamente cinco meses desde la detención de Nicolás Maduro Moros y su esposa, Cilia Flores, en Fuerte Tiuna por parte de fuerzas especiales estadounidenses, Venezuela permanece sumergida en un complejo laberinto institucional y político. El traslado y reclusión del matrimonio en un centro de detención federal de Nueva York —donde enfrentan cargos por narcoterrorismo— no solo decapitó el mando vertical de la llamada «revolución», sino que abrió un escenario sin precedentes de vacío de poder que los administradores transitorios intentan maquillar como un «nuevo momento político».
Ante este escenario de acefalía, la Carta Magna venezolana se ha convertido en el principal terreno de disputa. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) establece claramente en su artículo 233 los supuestos para la «ausencia absoluta» del presidente, incluyendo la destitución o la falta física. De acuerdo con el hilo constitucional, ante una ausencia absoluta antes de cumplirse los primeros cuatro años del período presidencial, se debió proceder a una elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes, quedando mientras tanto el vicepresidente ejecutivo a cargo de la presidencia, en este caso la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Sin embargo, el estricto cumplimiento de estos lapsos ha sido ignorado por las autoridades transitorias, profundizando los cuestionamientos sobre la legitimidad del ejercicio del poder actual.
Esta parálisis institucional ha desatado una implosión interna dentro de las filas del chavismo, cuya cúpula se encuentra fracturada en facciones que compiten ferozmente por el control del aparato estatal. La histórica estructura monolítica se ha resquebrajado ante la obligada reorganización de fuerzas, evidenciando las profundas discrepancias sobre la conducción del país tras la caída del líder. Las tensiones por el reparto de cuotas de poder y el control territorial han debilitado la cohesión interna del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), dejando al descubierto un archipiélago de intereses particulares que antes se subordinaban a la jefatura de Miraflores.
En el epicentro de esta pugna interna sobresalen las figuras de Diosdado Cabello y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez. Las informaciones que emergen de las esferas oficiales apuntan a un fuerte distanciamiento entre el ala militar y más ortodoxa que lidera Cabello, y el bloque civil y de negociación que comandan los hermanos Rodríguez. Mientras que el sector de Cabello busca blindar los mandos medios y asegurar la continuidad a través del control territorial e institucional, el influyente tándem de Delcy y Jorge Rodríguez intenta maniobrar en el aparato administrativo, ensayando cambios de gabinete y discursos de renovación económica para desmarcarse de las responsabilidades directas de la crisis heredada y ganar legitimidad internacional.
Entretanto, el panorama se complica para el gobierno de transición debido a una asfixiante combinación de presión nacional e internacional que exige una salida democrática.
Diversos sectores de la sociedad civil y la oposición interna demandan con urgencia la convocatoria a elecciones libres, limpias y competitivas, bajo observación internacional creíble. A esta exigencia se suman la comunidad global y organismos multilaterales, quienes advierten que cualquier plan de recuperación económica o blanqueo político será inviable si no se restablece la soberanía popular mediante el voto transparente, en un país golpeado por una devaluación que mantiene el dólar por encima de los 550 bolívares y a millones de ciudadanos en la precariedad.