Lun. Dic 11th, 2023

Con información de Agencias

Internacionales

LA NUEVA ANTORCHA.- El primer ministro de Portugal, António Costa, ha anunciado éste mediodía de este martes, su dimisión tras la investigación contra él y miembros de su Gabinete por presunta corrupción, prevaricación y tráfico de influencias.

«Fui hoy sorprendido de que ya se ha instaurado contra mí una causa criminal, obviamente estoy totalmente disponible para colaborar con la Justicia en todo lo que entienda necesario para apurar toda la verdad sea de la materia que sea», ha dicho Costa antes de anunciar que había presentado su dimisión al presidente, Marcelo Rebelo de Sousa.

El jefe del Gobierno suspendió su agenda oficial para este martes después de que la Fiscalía portuguesa llevara a cabo registros y emitiera varias órdenes de arresto por un caso vinculado con negocios de litio e hidrógeno, en el que presuntamente está vinculado Costa.

El Ministerio Público anunció hoy en un comunicado que investigaba a Costa y a varios miembros de su Gabinete por supuestos crímenes de prevaricación, corrupción activa y pasiva, y tráfico de influencias.

La Fiscalía ha llevado a cabo el registro de «espacios utilizados por el jefe de Gabinete del primer ministro» y apuntó que varios sospechosos han hablado de la implicación de Costa en el caso por «desbloquear procedimientos».

Por qué le investigan

La investigación, en la que se han registrado más de 40 lugares, se centra en las concesiones de explotación de litio en las minas de Romano y Barroso, en el norte del país; además de un proyecto de una central de producción de energía a partir de hidrógeno y otro para la construcción de un centro de datos, ambos en Sines.

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La Fiscalía ha emitido órdenes de detención contra el jefe de gabinete del primer ministro, el alcalde de Sines y dos de sus administradores en la sociedad «Start Campus» y contra un abogado, que serán presentados ante la Justicia para ser interrogados.

También fueron declarados «arguidos» (sospechosos formales, una figura previa a la acusación) el ministro de Infraestructuras, João Galamba, y el presidente del Consejo Directivo de la Agencia Portuguesa del Ambiente.