Denuncian que las responsables del crimen gozan de beneficios y tratos preferenciales en calabozos policiales de Anzoátegui
Por Alexander Compiani
Sucesos
LA NUEVA ANTORCHA. — A 16 años del macabro asesinato de Claudia Patricia Mendoza Padrino (20), estudiante universitaria de Química en el UPTJAA, el clamor por una justicia real sigue vigente. Familiares exigen que las responsables cumplan la totalidad de su condena en el Internado Judicial de Cumaná, estado Sucre, tal como lo dictaminó la sentencia original.
Claudia Patricia estuvo desaparecida durante dos meses y 13 días. Su cuerpo fue hallado el 26 de abril de 2010, enterrado en el patio de una vivienda en la calle Caracas de San José de Guanipa. El crimen, por su crueldad, conmocionó a toda la comunidad del sur de Anzoátegui.
Irregularidades en el cumplimiento de la pena
Los responsables del homicidio fueron identificados y condenados a 17 años de prisión por el Tribunal de Juicio del Circuito Judicial Penal de El Tigre:
- Rosalía Francisca Cabeza: Determinada como la autora intelectual.
- Manuel Josué Sánchez (hijo de Rosalía): Autor material.
- Meggy del Carmen Rodríguez: Autora material.
A pesar de que la jueza de la causa ordenó el traslado de las mujeres al Internado Judicial de Cumaná, la justicia de ejecución habría ignorado el mandato. En su lugar, han permanecido recluidas en las sedes de Polianzoátegui y la Policía Municipal de Pariaguán, donde presuntamente gozan de tratos preferenciales.
Se conoció que Meggy Rodríguez ha quedado embarazada en dos ocasiones de un funcionario policial mientras cumple su «reclusión». Por su parte, Rosalía Cabeza permanece en el Centro de Coordinación Policial de El Tigre, donde también habría establecido una relación sentimental con un efectivo de seguridad. El único que fue trasladado a un recinto penitenciario (Cárcel de Puente Ayala) fue Manuel Josué Sánchez, tras pasar varios años en calabozos policiales.
El reclamo de una madre
Esperanza Padrino, madre de la joven asesinada, cuestionó duramente a los jueces de ejecución que han manejado el expediente. Denunció una presunta complicidad que ha permitido que las asesinas reciban beneficios procesales indebidos. Según Padrino, las detenidas solo han cumplido efectivamente entre 10 y 11 años de prisión, ya que en diversas oportunidades han estado en libertad irregular, violando el Código Penal, el cual estipula que el delito de homicidio calificado no goza de tales beneficios.
Actualmente, ambas mujeres se encuentran en la sede de la Policía del Estado en San José de Guanipa. Testigos aseguran que se les permite salir en unidades oficiales en calidad de «paseo», evadiendo el rigor de la sentencia que las obliga a estar en un internado judicial.
Reflexión: Un sistema fracturado
Los hechos narrados no solo representan un homicidio calificado, sino una fractura en el sistema moral de la sociedad. La frialdad con la que se cometió el crimen demuestra un desprecio absoluto por la vida y el futuro de una joven estudiante.
La omisión de las autoridades judiciales y policiales ante la sentencia de juicio no es solo negligencia; es corrupción e impunidad que corroe las instituciones. ¿Cómo es posible que quienes se declararon culpables de un crimen tan atroz hoy vivan bajo el amparo de quienes deberían vigilar su condena? La impunidad es, en sí misma, una condena silenciosa para las víctimas y un peligro latente para la comunidad.
#acompiani/cnp2031#